Sin uda, la detención de 17 personas en Nafarroa, en una operación policial a consecuencia de la cual también han sido imputados seis empresarios, por mantener a 91 trabajadores en una situación que se podría calificar de esclavitud no sólo habrá llamado la atención, sino que además habrá escandalizado a muchos ciudadanos que en su vida cotidiana muestran su rechazo a indigentes e inmigrantes, si éstos son de extracción humilde. Los 91 trabajadores explotados al límite, en su gran mayoría inmigrantes, lo son. El descubrimiento de esa situación extrema habrá indignado igualmente a muchos políticos y gobernantes que a buen seguro piensan que esas prácticas resultan intolerables en pleno siglo XXI. Es posible que su indignación sea sincera, pero esa indignación no aflora cuando elaboran leyes de inmigración para proteger a los países ricos de la avalancha de miseria que los amenaza, si bien evitan que en su discurso aparezcan términos tan crudos. Leyes que favorecen el negocio de las mafias que trafican con personas a las que su situación de extrema pobreza lleva a recurrir a ellas. Leyes contra la inmigración que se cumplen con mayor diligencia que otras pensadas para salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores, en cuya aplicación prevalece la comprensión hacia el empresario que no las cumple.