Un total de 91 personas han estado trabajando en una situación de práctica esclavitud en varias localidades navarras, sin recibir la mayor parte de sus sueldos y en condiciones de vida penosas. En una operación policial, se ha detenido a 17 personas que hacían la función de patronos de estas personas y se ha imputado a seis empresarios. Según la Guardia Civil los 17 detenidos captaban a los trabajadores en estaciones de transporte público y albergues de Lisboa y Oporto, y se apoderaban del salario de los explotados. De ellos, trece eran, a su vez, portugueses. Según la Delegación de Gobierno, actuaban acompañando a los trabajadores para que éstos sacaran en su presencia el dinero, que ellos se quedaban en su totalidad, o bien obligando a los trabajadores a firmar en el reverso de los cheques, autorizando al patrón a retirar su importe de la entidad bancaria correspondiente. Las detenciones se produjeron en Arguedas (9), Milagro (3), Tutera (2), Valtierra (2) y Cintruénigo (1). Según el delegado del Gobierno, Vicente Ripa, «la Ribera es escenario preferente» de estas prácticas, fundamentalmente por la demanda de mano de obra de temporeros para la recolección en el campo. En cuanto a los imputados, son siete empresarios, uno de los cuales también está detenido. El delegado evitó dar más datos ya que ahora deberá comprobarse si estaban al tanto de que el dinero que pagaban no llegaba en su totalidad a los trabajadores.

En todo caso, Ripa dijo que la imputación se debe a que «en algunos casos las propias sociedades han ingresado en la cuenta bancaria del patrón o empleador-intermediario el dinero generado en sueldos por los trabajadores, lo cual acredita la colaboración indubitada del empresario, un hecho del que se tenían abundantes indicios pero nunca pruebas fehacientes como en este caso».

Condiciones de indigencia

En cuanto a los 91 trabajadores, todos ellos portugueses salvo ocho del Estado español, dos angoleños, un mozambiqueño y un polaco, se trata de «personas con un profundo desarraigo social y una cultura ínfima», en palabras de Ripa.

Además de no recibir la mayor parte de sus sueldos, «vivían en condiciones penosas de semi-indigencia, debían realizar sus necesidades en la vía pública por carecer de aseo la residencia facilitada por los patronos», añadió.

El delegado explicó que, aun cuando el empresario final pagaba 6 euros por hora trabajada (9 diarias, con un intermedio de una para comer, de lunes a sábado), el patrón o intermediario sólo dejaba a los trabajadores con entre 10 y 15 euros a la semana, más el alojamiento, la comida y también un cartón de tabaco. Esto supone que el patrón se quedaba con más de 300 euros a la semana por trabajador explotado, que además carecía de contrato y de Seguridad Social.