Un grupo de trabajadores de Transportes Colectivos SA (TCSA), empresa concesionaria de los servicios de Bilbobus y Bizkaibus, se concentraron ayer en las escalinatas de acceso al Ayuntamiento que preside Iñaki Azkuna para exigir a esa administración local y la Diputación foral de Bizkaia, que preside José Luis Bilbao, que intervenga ante el conflicto generado en la concesionaria del transporte público por carretera. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró ilegal el sistema de contratación temporal que la empresa estaba aplicando a un grupo de 51 trabajadores.

El alto tribunal determinó que esos contratos «son irregulares e ilegales» y, ante el «fraude cometido» desde, al menos, cuatro años, decidió que los mismos tuvieran «carácter fijo». LAB reclama que se solucione el conflicto, para lo que pide a ambas administraciones que «jueguen un papel activo», porque, al final, son ellas las que entregan las ayudas a esa empresa para que pueda subsistir. «Vemos que las dos instituciones no están interviniendo en este grave problema que afecta a un grupo de trabajadores», explicó Aureliano López, representante en el comité.

En ese sentido, desde la central sindical se recuerda que tras la sentencia del TSJPV en enero, la dirección de TCSA «presionó a los trabajadores» para alterar su contrato de trabajo, lo que produjo que el sindicato LAB presentara una denuncia penal contra el responsable de Recursos Humanos de esa sociedad. De los 51 trabajadores afectados, siete de ellos no aceptaron la presión y el resto «renunciaron a sus contratos ilegales, al ser intimidados y engañados».

LAB reclama una bolsa de trabajo, ya que desde el Ayuntamiento de Bilbo «hay resoluciones plenarias en ese sentido», diciendo que las empresas «que dependen de la administración local tienen que formalizar una bolsa de trabajo» para que la relación eventual tenga un criterio y evolución natural, «que no sea la ley de la selva, porque hay trabajadores que entran directamente sobre contratos de larga duración y contratos de relevo, y al poco tiempo se convierten en indefinidos. Al mismo tiempo hay trabajadores con contratos ilegales durante años y años, lo que no se puede permitir».

LAB exige a TCSA que «cumpla la sentencia y solucione el grave problema», de lo contrario incidirá «para que esa sociedad no perciba ni un sólo euro de bonificaciones». También tienen pensado realizar paros «en el momento más oportuno», para lo que plantearán en el comité este tipo de medidas.