La sentencia que invalida la ordenanza del Ayuntamiento de Azpeitia para la normalización del euskara ha provocado gran enfado en Kontseilua, ya que piensa que está absolutamente fuera de la realidad y supone un gran obstáculo para la verdadera normalización del euskara.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hace hincapié en la siguiente idea: la iniciativa de Azpeitia establece el euskara como lengua oficial del pueblo e impone su uso exclusivo en todos los ámbitos. «Si analizamos la frase nos percataremos de que no corresponde a la realidad. La ordenanza no establece el euskara como idioma oficial; el euskara es oficial, y un juez debería saberlo. Tampoco obliga a la ciudadanía a usar siempre el euskara. Si alguien quisiera recibir información o servicios en otro idioma oficial, podría hacerlo, tal como recogen los artículos 4, 17.2, 18.2, 21, 22.2 y 25. El artículo 4 es el más general, y explica que los habitantes recibirán la contestación de los trabajadores del Ayuntamiento en la lengua que ellos utilizan. Por tanto, la posibilidad de utilizar el castellano está totalmente garantizada», explica Kontseilua.

«Teniendo constancia de ello y sabiendo que corresponde al Ayuntamiento gestionar y regular ordenanzas en ese ámbito, nos parece increíble, inadmisible e injuriosa la actitud del Tribunal», añade.

Tras estudiar la realidad de los idiomas en Euskal Herria, el Consejo de los Organismos Sociales del Euskara ha comprobado que «se vulneran sistemáticamente los derechos de los vasco-parlantes en todos los municipios». Cree que las ordenanzas son inadecuadas en numerosos lugares y como consecuencia la ciudadanía vasca se encuentra en una situación de indefensión.

Oficial, también en la Justicia

«Hay que cambiar las políticas, porque no garantizan el uso y desarrollo del euskara y la balanza está claramente inclinada en favor del castellano. Para hacer honor a su nombre, la Justicia debería abrir expedientes en contra de la mayoría de los Ayuntamientos de Euskal Herria, por pisotear una y otra vez los derechos de los vasco-parlantes. Como la vulneración es tan sistemática, también sucede en la Justicia. Hoy en día, realizar las gestiones en euskara es imposible y pedir un juez vasco-parlante puede ser motivo de castigo. La Justicia tiene mucho que corregir, empezando por casa, porque el euskara también es oficial en ese ámbito», considera Kontseilua.

Anima al Ayuntamiento de Azpeitia a seguir adelante, y le informa de que en el consejo han elaborado unas ordenanzas con el fin de que sirvan como ejemplo, unas ordenanzas adaptadas a la realidad de cada lugar.

Una vez formados los Ayuntamientos, mostrará ese texto a cada uno de ellos, para que den pasos en la normalización de la lengua propia de Euskal Herria.

«Dependiendo del conocimiento del euskara de cada municipio, los objetivos serán distintos -aclara-. En ese sentido, la ordenanza elaborada en Azpeitia nos parece adecuado».

Al igual que Kontseilua, Batasuna también rechaza el fallo del TSJPV contra la ordenanza de Azpeitia, porque va «en contra de la voluntad de la población y del Ayuntamiento», además de que «hace tambalear los cimientos necesarios para la normalización del euskara».

Para la formación abertzale la sentencia trasluce que «el Estado español está llevando adelante una política que pretende hacer desaparecer el euskara».

«Los vasco-parlantes carecemos de herramientas para la protección judicial y, mientras tanto, las Administraciones de Euskal Herria apoyan políticas contrarias al euskara. Además, iniciativas engañosas como `Elebide' no ayudan a superar esta situación», censura a este respecto Batasuna.

Por su parte, ANV critica la decisión del TSJPV porque arremete «contra el euskara y la cultura vasca, rompiendo su propia marca y defendiendo argumentos que serían graciosos si no atacaran directamente a la lengua de los vascos».