D e escandaloso ha tildado la derecha española lo ocurrido en torno al procesamiento y juicio de Arnaldo Otegi a raíz de su participación en un acto de recuerdo a Olaia Kastresana. Ciertamente, resulta escandaloso lo ocurrido a lo largo de todo el procesamiento que ha acabado con la absolución del encausado después de que la Fiscalía se viese obligada a retirar la acusación. Escandalosa y esperpéntica fue la detención de Otegi el mismo día del juicio poco menos que bajo sospecha de urdir un complot con las condiciones meteorológicas, para ser juzgado con una petición de 15 meses. Sin embargo, en vez de evidenciar ese cúmulo de actuaciones contrarias al Derecho, se critica el hecho de que el fiscal retirase la acusación y, en consecuencia, la absolución del líder abertzale.

Esta dinámica de acusaciones y denuncias aparentemente absurdas se deriva de la puesta en práctica de una política antiterrorista cuyo máximo y último exponente fue el pacto entre el PP y el PSOE, según el cual todo valía contra cualquier proyecto nacional vasco, especialmente contra la izquierda abertzale. En el momento en que el PSOE se ha salido mínimamente de la estrategia que le gustaría al PP -aunque mantiene vulneraciones de derechos humanos, civiles y políticos- la derecha ha decidido emplearse a fondo en su empresa de derribo del Gobierno español, implicando a diversas asociaciones y a gran parte del Poder Judicial. En esa alocada carrera se ha llegado incluso al enfrentamiento en las más altas instancias judiciales. Muestra de ello es el intercambio de golpes entre del tribunal que juzgó a Otegi y la Fiscalía, la cual, a su vez, ha acusado a aquél de falta de imparcialidad. En la actitud del PP confluyen, además, indisimulados intereses electorales; ésa fue la clave de la intervención, ayer, del líder del PP, Mariano Rajoy.

El verdadero escándalo, pues, es el hecho de que un ciudadano pueda ser procesado sin garantías jurídicas, absurdamente detenido el día del juicio y, aunque en esta ocasión no ha sido así, condenado en base a criterios meramente políticos. La propia sentencia de la Audiencia Nacional confirma que la condena estaba prevista.