Ya no hay ningún espacio vedado para la guerra que la derecha española ha declarado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si el pasado miércoles el presidente del Ejecutivo navarro, Miguel Sanz, implicó al Rey de España en la refriega, la batalla llegó ayer a las sentencias de la Audiencia Nacional. Un hecho insólito.

La Sala Cuarta, que el miércoles juzgó a Arnaldo Otegi, señala en su sentencia que los hechos por los que se juzgaba al dirigente abertzale, «según se desprende de la prueba de cargo», «podrían constituir un delito de enaltecimiento terrorista».

Pero, a continuación, los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente, Carmen-Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel Rivero se quejan de que «el hecho de que el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, haya retirado la acusación tras la práctica de la prueba celebrada, impide al Tribunal, en base al principio acusatorio, a dictar cualquier otro tipo de resolución que no sea la absolución del acusado».

La sentencia, en cuanto fue conocida, causó un enorme revuelo en medios políticos, periodísticos y judiciales, y fue inmediatamente aprovechada por el PP y los grupos de su entorno para arremeter contra el Ejecutivo del PSOE.

Hecho sin precedentes

Al ataque de los magistrados de la Sala Cuarta respondió la Fiscalía de la Audiencia Nacional a través de un comunicado acusando al tribunal de «evidente falta de imparcialidad para juzgar el caso».

En el escrito se señala que «los términos en los que se ha redactado la sentencia constituyen un hecho insólito y sin precedentes en la historia judicial, puesto que al no existir acusación en un proceso penal no puede declararse la existencia de hecho delictivo alguno».

Pero la Fiscalía va más allá y llega a acusar de prevaricación al tribunal. Según afirma, la Sección Cuarta podía haber empleado la vía del artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que faculta al juez a emplear una fórmula para pedir explicaciones cuando considere que un caso «ha sido calificado con manifiesto error».

Prevaricación

Según fuentes jurídicas citadas por la agencia Europa Press, la sentencia dictada por la Sala que ha juzgado a Otegi supone admitir que «el propio tribunal es prevaricador» ya que deja impune la comisión de un delito que supone suficientemente probado. Por ello -precisaron- si la Sala considera que la Fiscalía no ha cumplido adecuadamente con su función, como se desprende de la resolución hecha pública ayer, debería haber acusado a la Fiscalía de prevaricación para evitar incurrir el propio tribunal en este delito.

La mecha prendida en la Audiencia Nacional llegó de inmediato al campo político. El presidente del PP acusó directamente a José Luis Rodríguez Zapatero de «no haber dejado actuar a los jueces». Y, a renglón seguido, entró en el terreno electoral. Aseguró que nadie había votado al PSOE para hacer esto. Según Mariano Rajoy, «cada día son más los que ven en el PP el partido que puede lograr el gran objetivo nacional: la recuperación de la cordura». Aseguró que este objetivo «está en manos de los españoles, con su presión, su crítica, su opinión y su voto». Y apostilló: «Este país tiene suficiente fuerza en su historia, suficientes valores y suficiente cuajo para decirle no al señor Zapatero».

Por contra, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que Rajoy, «en su desesperación por recuperar el poder, permanentemente se está saltando todos los límites» y consideró que la reacción del PP tras la decisión de la Fiscalía «no es razonable, ni responsable».

En la trifulca no faltó la voz de la eurodiputada del PSOE Rosa Díez, quien afirmó que «las imágenes de Otegi siendo levado por la Guardia Civil para después marcharse sin cargos humillan a la democracia».