El portavoz del organismo antirrepresivo Askatasuna Julen Larrinaga compareció ayer junto a varios de los familiares y amigos de los ocho vascos que desde el miércoles permanecen detenidos en dependencias de la Guardia Civil, y alarmó sobre la posibilidad de que padezcan malos tratos a manos de los agentes policiales. Aunque pocos minutos antes se supo que el instituto militar liberó sin cargos al ordiziarra Julen Larrañaga, el conocimiento de que los tres últimos ciudadanos vascos que fueron arrestados por la Guardia Civil -Ibon Meñika, Sandra Barrenetxea y Sebas Bedouret- denunciaron torturas, alertó aún más a los allegados.

Con semblante serios, exigieron el fin de las medidas de excepción como la incomunicación que, según se conoció ayer, la Guardia Civil ha pedido que se amplíe hasta los cinco días.

Teniendo en cuenta que en sólo un día tanto este cuerpo como la Gendarmería francesa detuvo a diez ciudadanos vascos, Larrinaga mostró su preocupación por el trato que puedan estar recibiendo en las dependencias policiales. Según relató, se les está aplicando una «ecuación» conocida en Euskal Herria, y que resumió de la siguiente manera: «detención, más incomunicación, más Audiencia Nacional, es igual a tortura».

Prorrogan la incomunicación

Acto seguido, el portavoz de Askatasuna se dirigió a las formaciones políticas que en diciembre acordaron la aprobación en el Parlamento de Gasteiz de una propuesta que instaba al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a que derogara la Ley Antiterrorista y las medidas de excepción que recoge, tales como la incomunicación.

Larrinaga emplazó directamente a los impulsores de la moción aprobada, PNV, EA, EB, Aralar y Ezker Abertzalea Taldea, para que se posicionen en consecuencia con lo suscrito en la Cámara de Gasteiz y, de esta forma, exigan al Gobierno español «una cosa tan simple como que les quiten la incomunicación a los detenidos y les pasen, lo antes posible, ante el juez».

Una petición que extendió a estas formaciones vascas cuando se supo que la Guardia Civil había solicitado a la Audiencia Nacional la ampliación del periodo de incomunicación de los detenidos hasta los cinco días.

Tras exponer su preocupación y la de los familiares por la situación de sus allegados arrestados, Larrinaga prosiguió su denuncia incidiendo en el contexto político en el que se han producido estos hechos. Una coyuntura en la que «la semana comienza con los pasos de la izquierda abertzale para avanzar en el proceso político», y que prosigue con las detenciones de la Guardia Civil.

Askatasuna trajo a colación las declaraciones que el jueves realizó el consejero de Interior de Lakua, Javier Balza, señalando que se encuentran en «máxima alerta», y censuró que pretendan «quitar un escenario para soluciones políticas y traer otra de soluciones policiales».

Una «vieja receta» abocada al fracaso, según Askatasuna, tal y como «se ha demostrado en los últimos cuarenta años». «Parece que prefieren un escenario con violencia y no otro sin ella, porque encima de la mesa está la oportunidad de solucionar el conflicto político», concluyó.

Sin noticias de los arrestados

Sobre la situación de los ocho detenidos por la Guardia Civil, lo único que ha trascendido hasta ahora ha sido que el instituto militar liberó la madrugada del jueves al ordiziarra Julen Larrañaga, después de que prestara declaración en dependencias policiales, manifestando que de manera casual y sin conocimiento alguno trasladó en su vehículo desde un monte cercano al también arrestado Joseba Lerin, al que acusan de ser un miembro «liberado» de ETA.

Y mientras se supo que han pedido prorrogar la incomunicación para el resto de detenidos, poco se conoce sobre el estado de Iurrebaso y Suarez, detenidos por la Gendarmería en la localidad francesa de Périgueux (Dordogne). Según difundieron las agencias, aún se encontrarían en dependencias policiales del citado municipio.

Según las agencias, tanto Iurrebaso como Suarez, además de reconocer su militancia en la organización armada, habrían informado a los policias franceses de que se encontraban actuando como «mensajeros» de ETA en el proceso político.

La plataforma Baga Boga ha inscrito en el Consistorio de Donostia una moción que exige la puesta en libertad de todos los vascos detenidos. Al respecto, los compañeros de trabajo de la navarra Lorea Irigoien emitieron una nota en la que mostraban su preocupación por el trato que puedan estar recibiendo y en la que subrayaron su solidaridad con los allegados, además de exigir su inmediata comparecencia ante el juez.

Por su parte, anteayer, el consejero general del cantón de Baigorri, Jean-Michel Galant, interpeló al pleno del Consejo sobre la dispersión de los presos vascos, pero el presidente Jean-Jacques Lasserre rechazó tratarlo.