Eginaren Eginez, asociación de personas con discapacidad fisica de Araba, junto con una decena de asociaciones que forman parte del entramado de los servicios sociales, denunciaron «el fracaso» de la gestión de las subvenciones por parte de las administraciones públicas de nuestra comunidad» y más concretamente, de la Diputación foral de Araba.

El citado «fracaso» se explicaría porque, al retraso sistématico al hacer efectivas las subvenciones, «lo que nos aboca a descompensar nuestros programas de actividades», que fuera denunciado años anteriores, se añade en esta ocasión el hecho de que «ni siquiera contamos, a fecha de hoy, con convocatoria pública que regule las ayudas a las que concurrimos los colectivos para el mantenimiento de la estructura asociativa y para el desarrollo de actividades».

Tras dar cuenta del trabajo que desarrollan asociaciones como Arabako Gorrak, Salhaketa, la Asociación Alavesa de Enfermos Renales (ALCER), la Asamblea de Mujeres o la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Aiara, entre otras, valoraron los denunciantes que «si esta situación no se soluciona de una vez por todas, la falta de soporte económico y de seguridad a la hora de trabajar nos va a abocar al cierre».

Constataron «falsas promesas» e incumplimientos, por parte de políticos y técnicos y afirmaron que «la política que se lleva desde los departamentos de Intervención Social y Asuntos Sociales de nuestra provincia y de nuestra comunidad, en general, no garantiza el funcionamiento de los movimientos asociativos».

La docena de ONG y asociaciones del ámbito social que compareció ayer en Gasteiz ha instado a los poderes públicos «a asumir su responsabilidad a la hora de gestionar el dinero de toda la ciudadanía, siendo rigurosos con las peticiones y necesidades de los colectivos, contribuyendo de esta forma en el bienestar social de todas las personas que representamos».

Mientras tanto, subrayaron, en las sedes sociales de estos colectivos continúan las reclamaciones de las personas asociadas. «Muchas de las respuestas y actuaciones se van a ver ralentizadas o no realizadas, pero parece ser que esto a los departamentos de Asuntos Sociales de nuestras administraciones les interesa bien poco», concluyeron señalando.