La Abogacía y la Fiscalía del Estado presentaron ayer sus respectivas demandas cara a conseguir que la sala del 61 deje fuera de la liza electoral al nuevo partido de la izquierda abertzale. En base a argumentos que provocarían más de una sonrisa si no estuviéramos ante otro intento flagrante de coartar la libertad política, desde ambas instancias se animaba al Tribunal Supremo español a excluir a Abertzale Sozialisten Batasuna.

No obstante, lo decíamos ayer, en esta iniciativa de la izquierda abertzale hay más cosas en juego que la propia contienda electoral. Se trata, en definitiva, de establecer unas reglas de igualdad que permitan ejercer la actividad política, en primer lugar para superar mediante el diálogo multipartito el conflicto político y, a continuación, para que pueda ser realidad, con el único límite de la voluntad popular, todo proyecto, incluido el independentista.

Que la construcción de esas condiciones democráticas con instrumentos del pasado es un despropósito, es algo que salta a la vista. Sin embargo, lo que definitivamente quedará al descubierto si se produce la ilegalización de ASB es que la ley puede saltarse con gran facilidad por quienes la promueven y la aplican. No sería una lección menor la que aportaría un Estado cuyos gobernantes persisten en la inmutabilidad de los marcos jurídicos y legales.

Está en juego, efectivamente, mucho más que unas elecciones, porque de lo que se trata es de asegurar que los escenarios políticos se establezcan tomando como referencia la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Para ello, es fundamental que todas las voces estén representadas, y si ese principio básico es compartido por la mayoría política vasca, habrá que saber buscar y encontrar las fórmulas para garantizar que las normas pactadas en tiempos de exclusión no se conviertan en un hándicap mayor para avanzar hacia un tiempo nuevo.

De momento, una parte de la ciudadanía vasca se dispone a disputar otra carrera desigual a fin de estar en las elecciones. Volverán a firmar en ayuntamientos y notarías para promover candidaturas. Es una vía impuesta, no elegida. Frente al portazo permanente, este sector político opta, de nuevo, por seguir intentando abrir puertas.