Las operaciones urbanísticas que vienen planteándose en los últimos años en diferentes localidades vascas, con revisiones apresuradas de las normas subsidiarias para permitir la construcción de miles de viviendas, han llevado al Llamamiento Lurra a centrar su mensaje con motivo del Día Mundial de la Tierra en la denuncia del urbanismo salvaje.

Para tal objetivo, han contado con la colaboración de la Asamblea de Pueblos Afectados por el Urbanismo Salvaje, que reúne a representantes de más de medio centenar de pueblos donde las revisiones de las normas subsidiarias o de los planes generales plantean «crecimientos desmedidos e injustificados». Por la magnitud del proyecto destaca Bakio, donde se pretenden edificar 1.900 viviendas, un campo de golf y un centro de talasoterapia pese a una creciente oposición vecinal. Por ello, la elección de esta localidad costera vizcaina como lugar de celebración del Lurra Eguna 2007.

Kattalin Ibarzabal, vecina de Bakio, destacó que la operación en marcha perjudicará al sector primario, especialmente a una importante extensión de viñedos destinados a txakoli, santo y seña de la localidad. Incidió además en que la idiosincracia del pueblo cambiará por completo.

Alberto Frías, en nombre del Llamamiento Lurra, lamentó que la costa vizcaina, donde se proponen construir 38.000 viviendas de alto standing en ocho años, pueda convertirse en un futuro en un ejemplo más de urbanismo descontrolado, como sucede en la costa mediterránea. «No hay necesidad de viviendas; es exclusivamente una operación especulativa condicionada por el grupo de presión de los constructores», apuntó.

Su reflexión la fundamentó en que desde 1981 la población en Hego Euskal Herria ha crecido un 1%, mientras que la vivienda lo ha hecho en un 27%. Además, apostilló que el número de pisos vacíos está estipulado en 255.263.

Frías denunció que las modificaciones de planeamiento urbanístico «se han disparado en seis meses» coincidiendo con la proximidad de los comicios locales y la entrada en vigor de la Ley de Suelo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En este segundo caso, acusó a algunas corporaciones municipales de «fraude de ley encubierto» al haber refrendado estos cambios, «con escasa documentación», antes de que se aplicase la nueva normativa. Citó los casos de los consistorios de Artziniega y Lezo, donde las aprobaciones iniciales para modificar las normas subsidiarias se produjeron un día y dos antes, respectivamente, de la aplicación de la ley.

Tampoco se olvidó de criticar los escasos, por no decir nulos, canales de la ciudadanía para alegar a estos cambios. «Se ha ninguneado a muchas plataformas cuando han tratado de recabar información y presentar alegaciones», recordó Frías.

A raíz del hermetismo de los ayuntamientos, el 20 de enero se constituyó la Asamblea de Pueblos Afectados por el Urbanismo Salvaje y la Especulación que, a la vez de crear conciencia social sobre los «pelotazos inmobiliarios» que se aventuran en muchas localidades, apuesta por la vía judicial, institucional y movilizadora para oponerse a tales operaciones.