La conmemoración del 70º aniversario del bombardeo de Gernika ha marcado la semana vasca. Eso sí, con permiso de la tormenta informativa y la verborrea opinativa que acompañan al «circo» sobre las candidaturas a las próximas elecciones. La referencia del entrecomillado se ha convertido en la muletilla del PNV para aludir al enmarañado proceso político y judicial derivado de la Ley de Partidos. Y con ese lenguaje, se quiera o no, se resta gravedad al asalto a las libertades que se deriva de las actuaciones en marcha contra ASB, las agrupaciones y, ahora, hasta contra ANV (la decisión que adoptó ayer el juez Garzón sobre la «legalidad» del histórico partido no ha descolgado la espada de Damocles que pende sobre sus listas electorales).

La decisión política de «anular» la presencia de la izquierda abertzale en estos comicios es lo suficientemente relevante como para no prestarse al comentario barato en torno al «espectáculo» y el «mareo», cuando de lo que se trata es de arbitrar mecanismos que pongan freno a la pérdida progresiva de garantías para el ejercicio de la política en Euskal Herria. Las muestras de preocupación, como la que traslada a este diario el lehendakari Juan José Ibarretxe, deben ser el punto de partida para actuaciones concretas y efectivas que, sin empantanarse en la retórica, clarifiquen la disposición de todos los agentes a garantizar que tanto las actuales instituciones como las que los vascos y las vascas decidan construir en el futuro reflejen las diferentes formas de pensar que conviven en este pueblo. Sin exclusiones.

Cara a facilitar la llegada a ese escenario nuevo, parece preceptivo levantar los imperativos o, por emplear la palabra de moda, los tutelajes que se utilizan para restringir un ejercicio básico en democracia como es el derecho a elegir y a ser elegido. En este sentido, las reiteradas exigencias hacia Batasuna para que condene la actividad armada de ETA no buscan, como se pretende, clarificar el panorama político, sino más bien ensombrecer las perspectivas de un proceso político que exige del esfuerzo de todos.

Hay semanas, como ésta, en que el contexto histórico hace aún más insostenible una retórica que, curiosamente, practican al únisono las distintas formaciones en la liza electoral. ¿Quizás estamos ante un mensaje condimentado en la cocina de ese nuevo pacto «antiterrorista» no escrito que ha arbitrado el PSOE con todos los grupos del Congreso español a excepción del PP? Sea cual sea el origen de esa tormenta de declaraciones que hacen responsable a la izquierda abertzale de no cumplir con un requisito que ni siquiera figura como tal en la Ley de Partidos, lo que salta a la vista es que lejos de debilitar la estrategia ilegalizadora ideada en Madrid, la sustenta. Porque, la pregunta es de perogrullo: ¿qué impide a PNV, EA, EB, NaBai y a las otras formaciones que se dicen opuestas a la Ley de Partidos adoptar una iniciativa en el Congreso español para su abolición? ¿Qué sentido tiene dirigir la presión hacia el sector que no tiene garantizado que pueda estar en las elecciones de mayo mientras no se azuza ni lo más mínimo al partido que gobierna en el Estado para que renuncie a su estrategia de conculcación de derechos fundamentales?

La memoria, también de los meses pasados

La necesidad de recobrar la memoria ha estado muy presente en los actos conmemorativos de Gernika. Y en ese escenario en que se masacró a una población civil pero también se golpeó con la barbarie a un símbolo de la soberanía de los vascos, se presentó la red Gernika, que a la par de apoyar un proceso de solución al conflicto vasco hará causa común por los derechos de los pueblos sin estado en el continente europeo.

Sin duda, junto a la recuperación de la memoria y a la exigencia de la reparación moral y política a las víctimas de la legión Cóndor, el valor simbólico de Gernika puede servir de revulsivo ante los retos presentes de un país que aspira a decidir en paz sobre su futuro. Más allá de las reclamaciones de reconocimiento del daño causado, que con ser preceptivas corren el riesgo de hacer una lectura limitada al pasado, de lo que se trata es de cursar un emplazamiento que mire hacia adelante. Sin perder de vista una historia que explica tantas cosas del presente, de lo que se trata hoy es de concentrar energías en el logro de la paz y de la normalización política. Esos son dos retos con mayúsculas que corresponde asumir a los representantes de la ciudadanía vasca.

En los últimos días, la izquierda abertzale ha puesto sobre la mesa su diagnóstico sobre el proceso político. Ha expuesto que, tras 22 reuniones con el PNV, o con este partido y el PSOE, ha llegado a la conclusión de que ambas formaciones eluden abordar los contenidos políticos del proceso, lo que imposibilita hoy un diálogo multilateral imprescindible para resolver el conflicto.

El diagnóstico debería encender alarmas en las sedes políticas, porque, a nadie se le oculta, estamos en una situación que reclama actuaciones decididas. Por más que en estos días la maquinaria judicial ocupe la crónica política, lo que está en juego excede con mucho a la cita con las urnas del 27 de mayo. La actitud decidida de 82.500 ciudadanos que con su firma reclaman que su opción política esté en las instituciones es un gesto que debe integrarse en el contexto del compromiso integral de la izquierda abertzale con un proceso que deje atrás el escenario de confrontación para habilitar en su lugar un escenario de garantías democráticas.

La oportunidad de abrir ese escenario es real y sigue abierta, pero exige el compromiso de todas las partes para no cerrar puertas al acuerdo. Las decisiones que se adopten sobre las listas electorales van a contar y mucho, entre otras cosas porque el respeto a la voluntad de la ciudadanía y a la pluralidad de la sociedad son guías fundamentales de éste y de todo proceso democrático.