Hace ocho meses los mensajes que el Gobierno español dirigía a la izquierda abertzale tenían el común denominador de la legalización. Para el gabinete Zapatero ése era el debate a abordar, y en consonancia, requería una y otra vez a Batasuna su relegalización en los términos contemplados en la Ley de Partidos.

Como quiera que el problema fundamental que plantea la Ley de Partidos no son sus preceptos en sí, sino su carácter de traje a medida realizado para sepultar legalmente a las organizaciones políticas del independentismo combativo, el llamamiento a la relegalización parecía que expresaba la voluntad del Gobierno por cerrar por la vía de los hechos el ciclo de la ilegalización abierto durante la etapa Aznar.

Para la izquierda abertzale, en cambio, la prioridad no estaba entonces en adecuar su propia situación jurídica, sino en abrir el debate sobre la resolución del conflicto a través de la creación de la mesa de partidos y en afianzar el proceso con hitos que fueran sustituyendo las dinámicas de agresión por otras de comprensión y confianza mutua. Seguramente, ambas partes podrían haber coincido en que uno de tales hitos fuera la relegalización de Batasuna, si detrás de ello no hubiera estado la intención del Gobierno socialista de desvirtuar el proceso político para reducirlo a un mero encaje del independentismo en el actual marco constitucional.

Desde hace lustros, todos los intentos negociadores se han tropezado con la misma piedra: los límites impuestos por el ordenamiento jurídico español. Pero es ese mismo ordenamiento jurídico el que crea el problema, toda vez que es contrario a la voluntad de la mayoría del pueblo vasco, luego no puede ser parte de la solución.

La síntesis entre quien demanda el cambio constitucional y quien desea actuar según las reglas constitucionales está en lograr un acuerdo para que sea el propio ordenamiento jurídico actual el que permita y agilice el cambio de marco, es decir, que todos los agentes políticos acepten realizar el recorrido dentro de la legalidad, pero que ésta sea lo suficientemente cambiante para que los límites los establezca la voluntad expresada democráticamente por el pueblo vasco.

Creo que la propuesta de autonomía política realizada por la izquierda abertzale busca salvar el escollo histórico de los intentos negociadores y podría servir como base para un acuerdo ulterior, siempre que el debate se situara en esos términos, pero ¡claro!, eso es lo que no se sabe.

No se sabe si hay o no hay negocio, si es verdad que hay voluntad de cerrar estos 30 años de conflicto, o si todo no es más que una parte en la estrategia de desgaste. La duda existe, y es notoria en ambas partes. Siendo así, la desconfianza es lógica y recíproca.

En los últimos ocho meses han pasado muchas cosas, positivas y negativas, pero no parece que hayan servido para aminorar la desconfianza, si no más bien al contrario. En general, parece que se ha aclarado el panorama en tres cuestiones importantes: la primera, la relativa a la correlación de fuerzas de los cuatro actores principales (PSOE, PP, izquierda abertzale, PNV); la segunda, referida a los contenidos del proceso; y la tercera, el debate sobre la relegalización de la izquierda abertzale.

Esto último ha vuelto al primer plano del debate político. Hoy sabemos que todo lo que antes eran facilidades mientras sirviera para distraer la atención política, ahora, a las puertas de unas elecciones municipales, se han vuelto dificultades para la inscripción de ASB como formación legalizada y su consiguiente participación en los comicios de mayo. ¿Cómo hay que entender este cambio de actitud del Gobierno?

Es posible que sea esa desconfianza la que esté orientando las decisiones de un Zapatero receloso en facilitar un eventual fortalecimiento de la expresión independentista y/o temeroso de un nuevo órdago de ésta a las puertas de las elecciones generales del año que viene; pero es posible también que haya decidido sacar del standby la estrategia de ilegalización para liquidar la fase política actual, una vez descartada la posibilidad de la mera resolución técnica del conflicto.

No es fácil discernir de qué se trata o cuáles son las intenciones gubernativas, incluso después de conocida la decisión sobre las impugnaciones de listas o la vista contra ASB, si dichas sentencias no vienen en blanco o negro sino abarcando toda la gama posible de grises.

Pero sea cual fuere la hipótesis que al final se confirme, lo cierto es que la actual dinámica de proceso -si se le puede llamar así-, está viciada y condenada a fracasar tarde o temprano, porque las dinámicas al borde del precipicio siempre acaban en resbalones, sobre todo cuando uno cree que el límite siempre se puede llevar un poco más allá.