El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó ayer el ingreso en prisión incondicional de Gorka Murillo, detenido el viernes en la localidad navarra de Aizarotz. El magistrado del tribunal especial imputa al joven navarro «delitos de integración en banda armada o colaboración terrorista».

En uno de los dos autos que dictó ayer, Garzón también afirma que a Murillo se le habría incautado en listado de personas susceptibles de integrar la candidatura de «un partido político cuya identidad no se revela» [más información en las páginas 4 y 5].

Según detalla la resolución del juez, en el registro practicado en el domicilio del joven, se habrían encontrado «fotografías de dos vehículos y un helicóptero del Ejercito de Tierra español, pegatinas y folletos de Batasuna y de ETA, CDs de Segi, plásticos para banderas de Askatasuna y nóminas de PCTV», para el que, según el juez, trabajaba el joven.

Además de este material, el magistrado del tribunal especial atribuye al vecino de Aizarotz la propiedad de un pen drive que se intervino el pasado 31 de marzo en el marco de la operación policial en que las FSE detuvieron a diez personas. Garzón señala en su resolución que la información hallada en el citado soporte informático «constata la vinculación de Murillo con Batasuna y con la actuación siguiendo los planteamientos estratégicos de ETA-Batasuna».

El magistrado concluye en su auto que Murillo ha llevado a cabo una «intensa actividad en favor de diversas organizaciones declaradas ilícitas, suspendidas judicialmente e integradas en el complejo terrorista liderado por ETA».

Tras comparecer ante el juez, el joven fue trasladado a primera hora de la tarde a la prisión de Soto del Real.

Askatasuna situó la detención en el marco «de las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno español para elaborar pruebas y dejar fuera de las elecciones a la izquierda abertzale».

En este sentido, recordó el caso de Sergio Lezkano, quien «fue sometido a brutales torturas para aportar ante el juez pruebas faltas». En opinión del organismo antirrepresivo, estas actuaciones responden a «la actitud del Gobierno español para ocultar su rechazo a un proceso democrático que posibilita la solución del conflicto».