El Fondo de Reserva de la Seguridad Social también especulará en la bolsa
El Gobierno español, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme han dado un paso hacia la privatización de la Seguridad Social, ya que han decidido permitir que el ahorro existente en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social pueda invertir no sólo en deuda pública sino en renta variable. Es decir, con las cotizaciones de todos los trabajadores se jugará en bolsa. Este hecho abre las puertas a la privatización de este fondo de garantía.
Juanjo BASTERRA
Hace unos días el Gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, dio luz verde al acuerdo logrado con los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme para modificar el reglamento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para que, al menos, un tercio de los 40.334 millones que acumula puedan invertirse en renta variable, es decir jugar en bolsa con el pretexto de obtener unos mayores rendimientos económicos. Se hace en estos momentos, según el ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, por el alto volumen del fondo de reserva.
La operación, sin embargo, pone en cuestión la concepción del sistema público que, en vez de reforzarse, alimentará a las entidades privadas para que también hagan un enorme negocio con las cotizaciones sociales de los trabajadores. Esta situación, en realidad, provoca una separación de lo público, que en este caso sería el Fondo de Reserva como garantía para un posible futuro en el que la Seguridad Social no pueda hacer frente al pago de las futuras pensiones.
Ocho meses de nóminas
Con los 40.334 millones, cantidad que se refiere al mes de febrero, permite hacer frente a ocho meses de la nómina de los pensionistas. Por otro lado, esa operación avalada por sindicatos y empresarios genera que los presupuestos oficiales se desliguen de forma directa del sistema público, ya que la rentabilidad del Fondo de Reserva de la Seguridad Social dependerá del rendimiento que se obtenga en el mercado de valores, lo que genera un temor hacia el futuro porque es fácil sumarse cuando la bolsa atraviesa un momento de elevada rentabilidad, pero cuando la misma no es positiva provoca terremotos financieros.
La importante cantidad del fondo de reserva se invierte, por el momento, en deuda pública en países europeos y que genera un margen económico en torno al 5% de media anual. Sin embargo, el Gobierno español con el apoyo de los sindicatos y empresarios prefiere «sacar más partido», ya que los fondos privados de pensiones están obteniendo en renta variable un margen del 25%. Sin embargo, eso no es garantía de nada.
Esta actuación supone un paso más hacia la privatización de la Seguridad Social y, sobre todo, conduce a uno de los principios que el Banco Mundial sostiene para que las pensiones públicas tengan un carácter mínimo en el futuro y se deje espacio a los sistemas privados de los fondos de pensiones o las entidades de previsión social voluntaria, como existen en Euskal Herria.
La situación es delicada. El año pasado los mismos protagonistas (UGT, CCOO, CEOE, Cepyme y Gobierno español) decidieron rebajar las cotizaciones sociales a los empresarios y, por otro lado, entregarles cuantiosas ayudas para la contratación. A pesar de todo, los firmantes reconocen que el sistema público de pensiones está en peligro en un futuro y, por otro lado, desde el Gobierno español se incide en prolongar la jubilación desde los 65 años a los 70 años.
Esta decisión se adopta, por otro lado, lejos de Euskal Herria y sin que los agentes sociales puedan intervenir.
En algunos países de la Unión Europea está reabriéndose el debate sobre el salario mínimo y la universalización de una renta básica. Hace unos días, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, solicitó al Gobierno español que acercara el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 800 euros, ya que el compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero es alcanzar los 600 euros el próximo año, pero «es insuficiente». Esa cantidad se queda corta en relación a otros países europeos, que doblan el SMI que rige en el Estado español. De hecho, en Ipar Euskal Herria perciben prácticamente el doble que en Hego Euskal Herria.
La plataforma por los derechos sociales y contra la exclusión, Elkartzen, reconoce que para sobrepasar el umbral de la pobreza, el ingreso mensual debería llegar a 804 euros en Hego Euskal Herria y, además, cuantifica en alrededor de 400.000 trabajadores los que perciben salarios por debajo de ese umbral.
La Red de Renta Básica, por otro lado, pretende universalizar una cantidad para que todos los ciudadanos tengan unos ingresos. En Alemania, por ejemplo, Götz W. Werner, el fundador de la cadena de droguerías alemana DM, con 1.600 tiendas, ha aceptado la idea de la renta básica universal y ha propuesto que cada alemán reciba 800 euros sin trabajar. «La renta básica no se trata de un mínimo para existir, sino un mínimo cultural, un derecho fundamental que estaría incluido en la Constitución», explicó. Este argumento también se ha visto reforzado el Primero de Mayo en Alemania porque el Partido Socialdemócrata dio luz verde a las reivindicaciones sociales.
