PRIVATIZACIÓN DE TEMPLOS Y MONUMENTOS EN NAFARROA
La Iglesia también se apropia de cementerios
La crítica realizada por Altaffaylla Kultur Taldea a la Iglesia católica por registrar a su nombre iglesias, catedrales, basílicas y ermitas de Nafarroa ha abierto el debate sobre quién es realmente el propietario de estos templos y de las numerosas riquezas que contienen. Se da la circunstancia de que la Diócesis no sólo se ha apropiado de esos templos, sino que incluso ha cobrado por cementerios inundados en el embalse de Itoitz.
Iñaki VIGOR
La Diócesis de Iruñea y Tutera justifica la inscripción a su nombre de iglesias, ermitas y otros bienes patrimoniales argumentando que son de su propiedad desde tiempo «inmemorial», al tiempo que se opone a que los ayuntamientos los consideren de propiedad municipal a pesar de que han sido las instituciones municipales las que, a lo largo de los siglos, han corrido con los gastos de construcción y mantenimiento.
GARA se puso en contacto con el Arzobispado de Iruñea para contrastar la denuncia realizada por Altaffaylla Kultur Taldea y conocer, entre otras cosas, si se ha informado de esta «privatización» a los ayuntamientos respectivos y si también se está realizando esta operación en otros herrialdes de Euskal Herria o del Estado español. El Arzobispado todavía no ha respondido a estas cuestiones. En cambio, sí se posicionó el administrador general del Arzobispado de Iruñea, Rafael Navarrete, quien en unas declaraciones justificó las inscripciones en el Registro de la Propiedad diciendo que «se ha demostrado durante siglos, mucho antes de que existieran los propios ayuntamientos, que el titular de esas propiedades es la Iglesia».
Más recientemente ha sido el propio arzobispo de Iruñea, Fernando Sebastián, quien ha respondido a la denuncia de Altaffaylla Kultur Taldea, aprovechando para ello la popular romería a Uxue del pasado domingo. «Los templos son propiedad del pueblo -afirmó-. Los edificaron los creyentes y antepasados nuestros, para sentir con fuerza la presencia de Dios entre nosotros». Pero la opinión de Fernando Sebastián no es unánime dentro de la Iglesia, donde también hay voces discrepantes. De hecho, este asunto fue abordado el pasado martes, día 1, en una reunión de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria. La mayoría de los asistentes consideró que estos templos y monumentos pertenecen al pueblo, y que el problema estriba en «cómo se concreta el pueblo en sujeto de titularidad».
Estos sacerdotes reconocieron que históricamente han sido los pueblos quienes han construido y restaurado muchas parroquias y ermitas y que es lógico que se consideren dueños de estos edificios, pero precisaron que más que una cuestión de titularidad jurídica es un tema «pastoral y sociológico». A este respecto, coincidieron en que el asunto se tenía que haber abordado mediante el diálogo, entre otras cosas para evitar que los vecinos de los pueblos no piensen que la Iglesia se ha adueñado de estos bienes mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad. Como posible solución, plantearon la creación de comisiones integradas por representantes de las instituciones y del Obispado para tratar todos los aspectos relacionados con este asunto.
Por otro lado, en esta reunión se aclaró que los tres euros que se cobran a cada visitante a la Catedral de Tutera no son para la Iglesia, sino que van destinados a pagar a las personas que se encargan de las visitas guiadas a este templo, que históricamente fue mezquita antes que catedral.
Uno de los asistentes a esta reunión de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, Jesús Lezaun, critica la «falta de transparencia» con que el Arzobispado de Iruñea está llevando a cabo el proceso de titularidad jurídica. «Este tema se ha llevado muy mal. En primer lugar, se tenía que haber hablado con todas las partes afectadas y llegar a un acuerdo no sólo sobre la titularidad, sino también de uso y de mantenimiento de las iglesias. La Diócesis ha enfocado este asunto sólo jurídicamente, acogiéndose a la ley para inscribir los bienes a su nombre, pero lo ha hecho sin hablarlo con nadie. Ni siquiera lo ha expuesto en el Consejo del Presbiterio», informa Jesús Lezaun.
Este sacerdote considera que el planteamiento de Altaffaylla Kultur Taldea es «correcto» en líneas generales, al tiempo que califica de «maniobra muy sucia y poco fina» la actitud del Arzobispado de inscribir estos bienes a su nombre «de forma solapada y sin previa discusión pública del tema».
«No sabíamos que se estaba haciendo esta privatización, iglesia por iglesia, sin informar de nada a la gente. Esto es una afrenta a la historia y a la cultura de Navarra. Legalmente -afirma Lezaun-, seguro que lo podrán hacer, pero una cosa es la legalidad y otra la honestidad. Unos serán los titulares jurídicos, pero otros son los titulares fácticos, porque los que sostenían las iglesias eran los ayuntamientos».
En respuesta a Rafael Navarrete, administrador general del Arzobispado de Iruñea, cuando argumenta que «la Iglesia existía antes que los ayuntamientos», este veterano sacerdote recuerda que «el pueblo existía ante que la Iglesia». Al mismo tiempo, teme que la Jerarquía eclesiástica pretenda compensar la «falta de vocaciones» con el registro a su nombre de los numerosos templos existentes en Nafarroa.
Cabe señalar que la Ley Hipotecaria fue aprobada en 1946, en pleno Estado confesional franquista y que, tras la derogación de su artículo 5 en 1998, también los ayuntamientos están facultados para inscribir a su nombre los templos que consideran que son de su propiedad.
En una comparecencia pública realizada en noviembre de 2005 el arzobispo de Iruñea, Fernando Sebastián, pidió ayuda económica a las instituciones, especialmente para el mantenimiento de los templos, por entender que se trata de un «patrimonio histórico, espiritual, artístico y humano de los pueblos de Navarra». El propio arzobispo informó de que, por primera vez en varios ejercicios, la Iglesia navarra había obtenido un superávit en 2004, pese a que arrastra un déficit «estructural».
Antes de que hiciera su petición, el Gobierno de Nafarroa ya había destinado importantes partidas presupuestarias para rehabilitar las catedrales de Iruñea y Tutera. En concreto, las obras de la Catedral de la capital navarra costaron 5 millones de euros, y las de Tutera, que finalizaron en diciembre de 2006 tras varios años de trabajo, costaron casi 9 millones de euros. La Basílica de Uxue es otro templo que se está restaurando con la aportación de dinero público, ya que en una primera fase el Gobierno ha destinado más de 420.000 euros.
Por su parte, hace tres años el Gobierno de UPN-CDN pagó al Arzobispado de Iruñea 1,6 millones de euros por diversos inmuebles afectados por el llenado del pantano de Itoitz, entre los que se incluyen iglesias, ermitas e incluso cementerios. En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Gobierno de Miguel Sanz admitió en noviembre de 2003 que había pagado las siguientes cantidades a la Diócesis navarra: 540.910 euros por la iglesia de Orbaitz y la ermita de Nagore y Artozki; 450.759 euros por la iglesia de Itoitz; 69.283 euros por la iglesia y el cementerio de Muniain; 7.583 euros por el cementerio de Artozki; 15.684 euros por los cementerios de Orbaitz e Itoitz, y 594.797 euros por la iglesia de Artozki. La Iglesia católica obtuvo así 1.679.019 euros por unos inmuebles mantenidos por los vecinos de la zona, fuesen o no católicos.
Otros herrialdes
Al parecer, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no se está realizando un proceso similar al de Nafarroa. Los Registros de la Propiedad no facilitan esta información.
Ämbito europeo
En el ámbito de la Unión Europea existen diferencias entre unos estados y otros respecto a la propiedad jurídica de los templos destinados al culto católico.
Estado francés
En el Estado francés la gran mayoría de iglesias, ermitas y otros monumentos similares están registrados desde 1789 a nombre de las instituciones públicas.
Nafarroa
El Arzobispado se ha acogido a la derogación del artículo 5 del Reglamento Hipotecario, que hasta el año 1998 prohibía la inscripción de los templos.
Ayuntamientos
Acogiéndose a esta misma ley, los ayuntamientos y otras instituciones también pueden inscribir a su nombre unos edificios que han mantenido durante siglos.
Tafalla
La operación que está llevando a cabo la Iglesia ha sido destapada desde Tafalla, cuyo Ayuntamiento ha sido el primero en debatir el asunto en sesión plenaria.
1,6
millones de euros es la cantidad que recibió la Diócesis navarra, por parte del Gobierno de UPN-CDN, por las iglesias, ermitas y cementerios de los pueblos que quedaron inundados por las aguas del embalse de Itoitz.
A las 19.30 de hoy, viernes, tendrá lugar en la Casa de Cultura de Tafalla una reunión convocada por Altaffaylla Kultur Taldea, abierta a personas, colectivos y asociaciones interesadas, para informar y debatir sobre estas privatizaciones, así como para estudiar la posibilidad de crear una plataforma ciudadana.
Esta plataforma se encargaría de aportar información a partidos políticos, alcaldes, concejales, parlamentarios y sociedad en general, así como de plantear propuestas sobre la forma de afrontar este asunto.
«Desde el más absoluto y escrupuloso respeto a la institución de la Iglesia y a la creencia religiosa», Maiorga Ramírez, en nombre de Nafarroa Bai, exigió ayer al Gobierno de Nafarroa que actúe «en defensa del patrimonio cultural e histórico público» y que aporte «transparencia y claridad» a un asunto que tiene «un calado histórico muy importante».
El parlamentario de EA y concejal de Tafalla recordó que «gran parte del patrimonio histórico, cultural y artístico de Navarra está vinculada a una serie de monumentos cuya propiedad se ha registrado a nombre de la Iglesia a pesar de que en los archivos de los pueblos existe numerosa documentación que apunta a que esa propiedad corresponde a las instituciones públicas, si bien hay templos y ermitas que están a nombre de ayuntamientos».
«La Iglesia -añadió Ramírez- no ha dado información ni ha mostrado un ánimo de convenio con las instituciones, por lo que pedimos claridad tanto a la Iglesia como a las instituciones para que informen sobre cuántas y cuáles son las propiedades registradas a nombre de la Diócesis navarra».
Tras reconocer que «no sabemos cuáles son las consecuencias prácticas, legales e institucionales de los registros de este patrimonio a nombre de la Iglesia», consideró «posible» que «retablos, ornamentos y elementos de incalculable valor artístico puedan fugarse de Navarra», y se preguntó si existe algún compromiso por parte de la Iglesia para que todos estos bienes permanezcan en el herrialde.
En la misma línea, se preguntó «qué consecuencias» puede tener esta privatización en la visita de público a los citados monumentos y a la hora de hacer una gestión privada del posible uso turístico de los mismos. «¿Existe algún tipo de convenio que garantice que no se van a impedir las habituales prácticas de carácter laico en nuestros monumentos?», añadió.
El parlamentario de EA criticó que no haya habido «un trato leal» de la Iglesia hacia las instituciones, al tiempo que se mostró «sorprendido» por la «airada respuesta» de la Diócesis a Altaffaylla Kultur Taldea. «Ha reaccionado de forma excesivamente vehemente ante la posibilidad de que las instituciones públicas hagan una defensa de lo que consideran suyo o revisen si existen posibilidades de que ese patrimonio sea público y no privado», declaró.
Preguntado sobre si otros monumentos, como la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada, podrían ser inscritos a nombre del Islam, Maiorga Ramírez respondió que «con el mismo argumento que utiliza la Iglesia católica, la religión musulmana y sus organismos podrían reivindicar la propiedad de esos monumentos».
«La ley -precisó- sólo da poder al obispo para dar fe, a modo de notario, de que un templo es de la Iglesia desde tiempo inmemorial, pero no faculta a las autoridades religiosas musulmanas a certificar en el mismo sentido».
