La Iglesia navarra lleva a cabo una operación económica que algunos colectivos no dudan en calificar ya como la de mayor envergadura realizada hasta el presente en el herrialde. No parece exagerada la estimación cuando de lo que hablamos es del registro sistemático a nombre de dicha institución de las iglesias, catedrales, ermitas y basílicas que pueblan la geografía navarra. Ahí es nada. Aduciendo razones legales y de mejora de gestión cuanto menos cuestionables, la Iglesia, que recibe generosas subvenciones del Gobierno de UPN-CDN para el cuidado y restauración de esos templos, se apropia de un patrimonio que, como reconoció el obispo Fernando Sebastian «es propiedad del pueblo». De ahí a entender que «la propiedad del pueblo» debe registrarse a nombre de la Iglesia hay un tramo demasiado largo. Los templos se construyeron con el esfuerzo de los ciudadanos, creyentes o no, voluntariamente o bajo la presión del régimen en vigor, y sin duda son por ello patrimonio de toda la ciudadanía navarra. No son, además, lugares de uso únicamente confesional, sino que tuvieron múltiples utilidades que vienen a confirmar su valor de bien público. Si han de registrarse, que se haga en favor de instituciones públicas. Lo que en ningún caso es de recibo es que la Iglesia registre a escondidas lo que no es de su exclusiva propiedad.