El historiador Eduardo Renobales recordaba en un artículo publicado en GARA en el aniversario de la República, el pasado 14 de abril, los principios fundamentales de ANV. Recogidos en el Manifiesto de San Andrés, en ellos se preconizaba el derecho de Euskal Herria a decidir libremente su futuro y la resolución de los problemas derivados del desigual reparto de la riqueza, en un marco de actuación donde primaran los derechos individuales y colectivos en igualdad de condiciones y bajo parámetros democráticos.

Sin lugar a dudas nos encontramos ante un pronunciamiento abertzale y de izquierdas que cobra absoluta vigencia en 2007. Sin embargo, no hablamos de un programa electoral para las próximas elecciones, sino de un pronunciamiento político que data de 1930. Poco importa esa «pequeña» diferencia o el hecho de que ANV sea una sigla veterana en el registro de partidos, en el que figura desde 1977, o que, como se han encargado de destacar algunos analistas, no se le puedan achacar «connivencias con ningún tipo de violencia». Esas circunstancias que, por sí solas, deberían hacer desistir al Gobierno español y a cualquier jurista a su servicio no tienen un efecto disuasorio. De hecho, las instancias judiciales que defienden los intereses del Ejecutivo no tienen empacho en remarcar que si aquí y ahora no se ensaya la vía de la ilegalización de ANV no es porque ello sea simplemente inalcanzable de atenerse a lo marcado en la Ley de Partidos, sino porque esa vía no permitiría lograr a tiempo el fin perseguido. El Gobierno español ha pasado sobre ASB despreciando el esfuerzo de la izquierda abertzale al inscribir una sigla que acata la Ley de Partidos y con la que se ofrece a transitar el camino del acuerdo político; ha embestido luego contra las agrupaciones electorales despreciando ese compromiso pacífico y democrático que avalan 83.501 ciudadanos y ciudadanas. Esas son las apuestas de la izquierda abertzale. Poco importa, Fiscalía y Abogacía quieren a ANV fuera del Parlamento navarro, de las diputaciones y de los grandes municipios. Del Prestige antidemocrático del PP a la marea negra del PSOE.