El Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación guipuzcoana mantiene abierto decenas de expedientes, con propuesta de sanción de 500 euros para cada uno, contra usuarios de la A-8 que se negaron a abonar a Bidegi en 2006 el canon correspondiente al tramo vizcaino, «sobre el que no tiene competencia», y la tarifa fijada por la sociedad foral para el recorrido en Gipuzkoa, muy superior al establecido el 6 de junio por el Consejo de Diputados que preside Joxe Joan González de Txabarri. Los afectados han presentado varios recursos que no son atendidos por la institución foral guipuzcoana.

La Diputación cobró el año pasado, por medio de Bidegi, un 71% más que el canon establecido por un decreto foral a los turismos que van de Bilbo a Donostia, «cobrando 6,85 euros cuando la tarifa aprobada por la Diputación Foral de Gipuzkoa era de 4 euros», denuncia Fernando Sanz, uno de los afectados, al que se le quiere imponer una multa de 500 euros y que abone el canon. Este bilbaino explica que, según la legislación vigente, Bidegi no tiene competencia para cobrar la tarifa del tramo vizcaino, por lo que él, al llegar al peaje de Zarautz, reclamó que le cobrasen lo correspondiente al recorrido en Gipuzkoa. El operador llamó a la Ertzaintza y se le abrió un expediente de infracción, al que ha formulado dos alegaciones y un recurso de alzada ante el todavía diputado de Infraestructuras Viarias, Javier Zuriarrain, a las que no le han contestado.

En los dos últimos meses ha tratado, sin éxito, de contactar telefónicamente con Zuriarrain para buscar una solución que no le avoque a presentar un recurso contencioso-administrativo. Sanz, como prueba de buena voluntad, ha abonado los 4 euros que estipuló la Diputación como canon, aunque insiste en que Bidegi «no tiene cobertura legal para cobrar más, ni competencia para hacerlo en el tramo vizcaino. En todos los sistemas hay un agujero y éste es el de la Diputación guipuzcoana que, en vez de subsanarlo, reprime al ciudadano».

Este bilbaino argumenta en su favor que, en la propia tramitación del expediente, los responsables forales obvian la cuantía del canon estipulado por el Consejo de Diputados el 6 de junio de 2006 y la tarifa que cobraba Bidegi el 22 de junio de ese mismo año, cuando se produjeron los hechos que han dado lugar a este conflicto. Sanz, que se muestra dispuesto a acudir a los tribunales, lamenta que «los recursos no sirvan para nada, pues aunque la Ley de Procedimiento Administrativo dice que ante la contestación adecuada a un argumento debe de decaer la sanción, aquí esto no sucede».

Esta situación, subraya, no se produce en Bizkaia, donde Interbiak, ante el mismo planteamiento de los usuarios de la autopista, lo único que hace es apuntar el número de la matrícula del vehículo y le deja pasar. «A pesar de que el decreto foral establece el canon a pagar por los usuarios de la autovía A-8 para el tramo Donostia-Muga con Bizkaia, Bidegi no cobra nada si el trayecto finaliza en Bizkaia», incide Sanz, que pide a los responsables de la Diputación guipuzcoana que tomen cartas en el asunto para subsanar esta irregularidad en vez de sancionar a quienes se lo recuerdan.