La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) afirma que el Gobierno colombiano «debe asumir sus responsabilidades en la comisión del genocidio», como definió el caso surgido tras descubrirse a principios de mayo 26 fosas comunes en el departamento de Putumayo.

La asociación con sede en Quito recuerda que la existencia de las fosas comunes, no sólo las de Putumayo, se conoce gracias al esfuerzo de los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos colombianos y a la presión internacional sobre el Gobierno de Uribe.

En ellas, subraya, «permanecen sepultados ilegalmente los cuerpos de al menos 10.000 víctimas de los paramilitares, en lo que constituye el peor genocidio cometido bajo gobiernos democráticos en la región».

La mayoría de las 200 víctimas descubiertas en Putumayo «fueron torturadas, desmembradas y ejecutadas con tiros de gracia».

Según ALDHU, «repugna a la conciencia democrática de América Latina que el régimen de Uribe haya mantenido estrechos vínculos con los autores de estas masacres, permitiendo que altos funcionarios y dirigentes políticos y hasta parlamentarios uribistas hayan compartido negocios y beneficios con los genocidas». También constata la responsabilidad del Gobierno por «premiar a los comandantes paramilitares detenidos, permitiéndoles seguir disponiendo la ejecución de masacres, el tráfico de drogas, los crímenes por encargo, la extorsión de jueces y fiscales y su propia impunidad».

Denuncia que los autores del «exterminio» de campesinos para «apropiarse de sus tierras con el fin de cultivar droga y asegurar las rutas para la exportación» permanecen aún «ocultos y gozan de impunidad».