El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el mismo que el pasado 3 de mayo impugnó todas las plataformas abertzales y de izquierdas y 110 candidaturas de ANV, dijo ayer que está dudando sobre si la Fiscalía «ha ido demasiado lejos». A continuación, sin embargo, agregó un coloquial latiguillo que causó cierto estupor: «pero ha colado». Las declaraciones de Conde-Pumpido son, además de sorprendentes, un tanto contradictorias ya que en lo que duró la entrevista se mostró entre arrepentido y satisfecho con la anulación de candidaturas abertzales y de izquierdas.

Seis días después de que el Tribunal Constitucional español dictara la ilegalización contra 386 candidaturas, Conde-Pumpido parece haberse dado cuenta de que en numerosas localidades de Euskal Herria no hay vía «legal» para poder optar en favor de una opción de izquierda abertzale; y es por ello por lo que aparentó estar `un tanto arrepentido' y subrayó que hay lugares «donde no hemos dejado mucha salida».

A juicio del jefe del Ministerio Público, la Ley de Partidos pretende «empujar hacia la paz, no hacia la violencia» y, tras resaltar que lo que no quieren es «animar hacia la violencia por no dejárles ningún camino», sostuvo que la izquierda abertzale no tiene privado su derecho al voto y argumentó la actuación de la Fiscalía, haciendo un símil con la medicina, explicando que lo que han utilizado ha sido «el bisturí y no el garrote».

En este sentido, aseguró que lo que se ha evitado ha sido la participación de Batasuna en los próximos comicios del 27 de mayo, «extrayendo el cáncer sin hacer daño al paciente».

Cabe recordar que, en su última visita a Euskal Herria, el presidente del Gobierno español, Jose Luís Rodríguez Zapatero, no mostró ningún tipo de duda respecto a la impugnación de todas la agrupaciones electorales y las candidaturas de ANV. En su mitin electoral del pasado martes en Gasteiz, el máximo dirigente del PSOE aseguró que «había sido una aplicación de la Ley de Partidos en sus justos términos»; «no menos de lo que exige, ni más de lo que establece», apostilló.

En el desayuno informativo organizado por Europa Press, Conde-Pumpido señaló ayer que su deseo es «empujar a la gente a participar democrática y pacíficamente», por lo que defendió que Ley de Partidos «empuja al mundo de Batasuna hacia dentro del sistema». No obstante, criticó la interpretación que se hace desde algunos sectores sobre esta norma porque, según Conde-Pumpido, la entienden como «una especie de Guantánamo electoral».

A su parecer, se dan dos tipos de concepciones en relación con la Ley de Partidos; la primera se atiene a lo que dice el texto legal y la segunda considera que los votantes de Batasuna no tienen derecho al voto, por lo que cada vez que deciden votar a alguna lista próxima a Batasuna se debería de ilegalizar. Ante este tipo de lecturas, el fiscal general defendió que, «naturalmente», la izquierda abertzale tiene derecho a voto.

La actitud del fiscal general es cuando menos sorprendente y contradictoria, ya que minutos después de habe expresado su preocupación por haber llegado demasiado lejos con la anulación de candidaturas, aseguró estar «enormemente orgulloso» con la actuación de Ministerio Público y de la Justicia. Conde-Pumpido elogió el «exhaustivo trabajo» desarrollado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado revisando las listas e indicó que el camino elegido respecto a ANV era «jurídicamente difícil e inédito».

De este modo, se mostró «totalmente satisfecho y tranquilo» ante el hecho de que sus peticiones hayan sido aceptadas tanto por el Tribunal Supremo como por el Constitucional y afirmó no haber encontrado «ni reproches, ni sugerencias, ni censuras» en la actuación de los Servicios Jurídicos del Estado español.

De cara al futuro, el fiscal general advirtió de que el proceso de ilegalización de ANV o su suspensión en vía penal no quedan descartados tras la decisión del Tribunal Constitucional y aseguró que la Fiscalía «permanecerá atenta» a las circunstancias jurídicamente relevantes para su ilegalización. En esta línea, aseguró que el Ministerio Público «actuará cuando la ley autorice a actuar y cuando crea que se deba hacer». Aun y todo, Conde-Pumpido señaló que el Ministerio Fiscal «no está en campaña electoral, ni se va convertir en objeto de campaña de nadie».

En referencia al emplazamiento realizado el domingo por Jone Goirizelaia, Joseba Álvarez y Pernando Barrena pidiendo el voto para ANV, el fiscal general explicó ayer que el mero hecho de que se anime a votar a unas listas no puede ser causa de ilegalización. Pero cabe recordar que en la edición del diario ``El País'' de esa misma fecha, Conde-Pumpido auguraba lo contario en una entrevista. El fiscal general amenazaba entonces con que la suspensión de ANV era posible antes del 27 de mayo y como argumento a tan contundente afirmación, señalaba que si los dirigentes de Batasuna pedían el voto para ANV la Fiscalía pediría a Baltasar Garzón que suspendiera por la vía penal las candidaturas legales que quedan.

Contradictoria puede parecer la actitud de Conde-Pumpido pero no novedosa, ya que hace dos años, cuando Arnaldo Otegi pidió el voto de los simpatizantes de la izquierda abertzale para EHAK, el fiscal general señaló que se trataba de una «tabla de salvación» a la que se había agarrado Batasuna para no perder sus votos. A los pocos días añadió que la existencia de «conexiones ideológicas» entre ambas formaciones no daba lugar a suspensiones y concluyó que «el hecho de que un partido reciba los votos de otro no permite actuar».

Tras escuchar las declaraciones de Conde-Pumpido, el ministro de Justicia, Mariano Fernandez Bermejo, aseguró ayer compartir «plenamente» la opinión de éste. Consideró, además, que se había explicado «con mucho rigor y precisión».

Querella en manos de Garzón

Por otro lado, la querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia contra los «representantes legales» de ANV a los que acusa de ser «integrantes de ETA», fue remitida durante la jornada de ayer al magistrado Baltasar Garzón. El juez decano de Instrucción de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, consideró que es el Juzgado Central número 5 al que corresponde tramitar dicha querella por tener antecedentes en la investigación.

La asociación dirigida por Daniel Portero y creada a raíz de una escisión de la AVT, ya había presentada el pasado 13 de abril una querella en los mismos términos ante el juez Garzón, pero al recibir una respuesta contraria a sus pretensiones, la asociación ha vuelto a repetir la jugada, esta vez aprovechando que el magistrado Fernando Grande-Marlaska se encontraba de guardia.

La decisión adoptada por Moreno coincide con lo expresado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acusó a la asociación de hacer un «uso torticero» del Derecho y llevar a cabo una estrategia de «fraude procesal».

La querella interpuesta por Dignidad y Justicia ha dado mucho de que hablar. El propio Conde-Pumpido la tachó de «maniobra fraudulenta» y aseguró que es un «intento de un grupo de particulares que pretende politizar la Justicia».

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, fue un poco más allá y aprovechó la ocasión para entrar en debate partidista, al comentar que «no sería de extrañar que el PP estuviera detrás» de la segunda querella, al tiempo que criticó que la formación dirigida por Mariano Rajoy intente, una y otra vez, convertir «la campaña electoral en un debate sobre terrorismo».