El director general de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa, Iñaki Rica, emitió un informe en diciembre de 2005 en el que justificó las irregularidades detectadas en la Hacienda de Irun y las atribuyó, entre otras causas, a «cargas de trabajo» de las oficinas tributarias y a «una concepción errónea de servicio al ciudadano».

Rica firmó este escrito el 1 de diciembre de 2005, tres meses y medio después de que la auditoría interna del área de Finanzas pusiera al descubierto que en 2003 se habían producido anomalías graves en la oficina de Irun, cuyo director en esa época, José María Bravo, ha sido imputado por el fiscal junto a otras tres personas por haberse apropiado presuntamente de 1,5 millones de euros de la Hacienda foral.

La auditoría analizaba expedientes dados de baja por insolvencia en 2003 y advertía de que en algunos tramitados en Irun se observaban «anomalías graves», que describía como «la realización de actuaciones que pueden suponer una infracción grave del ordenamiento». Los auditores explicaban cómo se habían levantado embargos sin que constara la causa ni el ingreso del importe retenido, o cómo se había dado de baja por insolvencia la deuda de personas que, por datos contrastados, podían clasificarse como solventes y no se les había embargado ni agotado todas las posibilidades de cobro de la deuda.

Archivo

El hecho de que no se practicaran todas las actuaciones posibles tendentes al cobro de la deuda, que en algunos casos superaba los 200.000 euros y que fueran posteriormente «data por insolvencia», se explicaría, según el director de Hacienda, porque «la carga de trabajo existente pudo provocar que excepcionalmente y, dados los medios con los que se contaba» no se llevara a cabo esa tarea o a «errores puntuales en la gestión de los expedientes». Este informe dio lugar al archivo de la auditoría, por encontrar «circunstancias justificativas» de las anomalías, La Diputación puso el caso en manos de la Fiscalía ocho meses y medio después.

Por otro lado, el consejo de diputados del Ejecutivo foral tratará el martes el cese de Rufino Eizaguirre, jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general, uno de los 17 «partícipes» de las empresas vinculadas con el presunto fraude.