La detención y posterior encarcelamiento del ex director de la Hacienda de Irun, José María Bravo, da una idea de la dimensión del fraude habido en esa institución. A medida que se conoce más información en torno al caso, éste se revela más grave. Las declaraciones del diputado general de Gipuzkoa en el sentido de que colaboraría estrechamente con la fiscalía «caiga quien caiga», intentando aparentar firmeza, no son muestra de eficacia y control de las instituciones públicas. Hasta que este caso se ha destapado no se ha observado ese afán de celo, a pesar de que las irregularidades se han prolongado durante nueve años. Por otro lado, las relaciones familiares que se observan en torno al caso provocan el recelo del ciudadano. Por supuesto, una relación familiar no es delito por el mero hecho de serlo, pero es inevitable el recelo al saber que José María Bravo se hizo cargo de la delegación de Hacienda de Irún gracias a su hermano, Víctor, entonces jefe del Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral de Gipuzkoa. Extraña que el ex senador no se percatara de que los ingresos de su hermano no se correspondían con su sueldo. Se trata de circunstancias significativas que contribuyen a crear alarma social.