Nicolas Sarkozy ha prometido a los franceses que va a romper con la política del pasado. El nuevo presidente de la República cuenta con rejuvenecer la función presidencial que, al tiempo, quiere reforzar, para lo que se dispone a tomar la riendas del poder en vez de dejárselas a su nuevo primer ministro, François Fillon. Como un hecho significativo de ese control se puede citar la decisión de Sarkozy de reunirse con los sindicatos al día siguiente de su nombramiento.

Esta «americanización» inédita hasta la fecha camina de la mano de una reducción del equipo gubernamental dado a conocer ayer. Contará con 21 ministros o altos secretarios frente a los 30 del gobierno saliente. Esa composición viene a satisfacer con gran habilidad a la cultura de la eficacia y del resultado que es la marca de fábrica de Sarkozy.

La extrema derecha, los chiraquianos, el ex director de Médicos sin Fronteras y Emaús. Con el nombramiento del equipo gubernamental, Sarkozy vela por el flanco de la extrema derecha al crear un Ministerio de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, que confía a su lugarteniente Brice Hortefeux. Recupera el apoyo de los fieles de Jacques Chirac al nombrar como «número dos» del gobierno al delfín elegido por el antiguo presidente, Alain Juppé (Ecología, Desarrollo y Sostenibilidad). Designa a una mujer originaria de la inmigración, Rachida Dati, en un puesto clave y altamente simbólico como es el Ministerio de Justicia. Pero, por encima de todo, desmonta la retórica de izquierda que le tipificaba de candidato sectario al designar al socialista Bernard Kouchner, fundador de Médicos sin Fronteras, en Asuntos Exteriores, y a Martin Hirsch, presidente de la asociación de apoyo a los SDF (sin techo) Traperos de Emaús, y hombre de izquierda, para el departamento de Solidaridad Activa contra la Pobreza. Sarkozy se rodea de dos personas de renombre del mundo asociativo.

Con esos y otros «fichajes», Sarkozy quita argumentos también a su adversario del centro-derecha François Bayrou al que le roba su eslogan favorito: la necesidad de acabar con el desencuentro izquierda-derecha, al privarle de uno de sus colaboradores claves, el diputado Hervé Morin, a quien cede el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, y pese al nuevo estilo, el programa de Sarkozy se inscribe en la continuidad política. De ahí que quepa esperar un endurecimiento de la situación para las personas más vulnerables en la línea del viraje securitario y liberal imprimido durante el segundo mandato de Jacques Chirac, desde 2002. El ex presidente tomó pocas decisiones en el marco interior en los últimos años de su mandato, marcados por la acción de dos de sus ministros: Nicolas Sarkozy y François Fillon.

«Continuaré con la política de seguridad con la que llevo comprometido desde 2002». Esa declaración se incluye en el programa que ha llevado a Sarkozy a la Presidencia. No habrá cambio de rumbo, pero sí medidas nuevas como la instauración de la mayoría de edad penal a los 16 años y las penas firmes para los «reincidentes». Un principio importado de los Estados Unidos que implica una sanción mínima independientemente de las circunstancias del delito. Ahora que es presidente, el ministro del Interior que envió en mayo de 2005 a las tropas de élite del Grupo de Intervención de la Policía Nacional a pegar a los sindicalistas de Correos en Burdeos, y que prendió fuego seis meses más tarde a las cités al tratar de «escoria» a los jóvenes de las banlieu, podrá continuar con la criminalización de los movimientos sociales. La tensión entre los jóvenes y las fuerzas del orden promete acrecentarse. Nicolas Sarkozy desea además limitar el poder de contestación de los jueces, reforzando su obligación de reserva. «Ello podría significar que las tomas de posición, particularmente las sindicales, en favor de una justicia igual e independiente para todos sean sancionadas», explica con preocupación Emmanuelle Perreux, presidenta del Sindicato de la Magistratura (izquierda). «Ello vendría a demostrar una voluntad de influir en la justicia».

Otro tema referente: la inmigración. Tras la detención en plena campaña de un abuelo de origen chino cuando iba a recoger a su nieta al colegio, persiste la comunicación gubernamental en relación a la caza al clandestino. Una fijación política fuertemente criticada por los agentes sociales que se ocupan de las personas extranjeras. Claudia Charles, representante del Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (Gisti), destaca la hipocresía de la situación: «El Estado no tiene interés en repatriar a los inmigrantes ilegales. Representan una mano de obra indispensable para la economía. Si hay una ruptura, es a nivel de discurso, en el hecho de hablar de la `inmigración sufrida' a causa del reagrupamiento familiar y del derecho de asilo, y de oponer ese concepto al de `inmigracion elegida'. Pero ello no marcará un antes y un después en cuanto a los hechos. Desde 1974, Francia ha optado por una política utilitarista de la `inmigración elegida', al autorizar a determinados trabajadores que vengan al país».

Efectivamente, desde esa fecha, los sucesivos gobiernos franceses, tanto de izquierda como de derecha, emiten circulares en las que determinan el tipo de inmigrantes que desean recibir (leñadores tras las graves tormentas de 1999, enfermeras y médicos desde 2002...).

Sin embargo, el discurso agresivo de Nicolas Sarkozy hacia los extranjeros que complacen a los electores de la derecha dura, a quien debe una parte de su éxito, exacerba el racismo en el conjunto de la sociedad francesa. Loa análisis de los resultados electorales demuestran que las regiones en las que el porcentaje del Frente Nacional es importante no son aquellas en las que hay más extranjeros, sino muchas veces aquellas en las que los electos han aumentado su cotización con temas como la preferencia nacional.

Sin embargo, es continuando con la liberalización de la economía como el gobierno puede sacudir de forma más violenta el edificio social. El nombramiento de Fillon como primer ministro es la prueba más evidente de ello.

El pasado del nuevo primer ministro, todo un símbolo. En su etapa como ministro de Asuntos Sociales, sacó adelante, desoyendo las protestas de centenares de miles de ciudadanos, la ley por la que se ampliaba el periodo de cotización que da derecho a percibir las pensiones. En su periodo al frente de la cartera de Educación, en 2005, impuso su plan para la supresión de miles de puestos de trabajo en el sistema educativo.

Un aliado fiel para desarrollar las medidas anti sociales. La intransigencia demostrada por Fillon le ha convertido, a ojos de Sarkozy, en un precioso aliado para llevar adelante las reformas prometidas por el nuevo presidente, inspiradas en el consenso con Washington: bajada de impuestos a las grandes fortunas y no renovar uno de cada dos puestos que se pierden en la función pública por motivos de jubilación; agilización de los despidos; incremento de los controles a las personas desempleadas; aumento de la jornada laboral al eliminar las tasas sobre las horas suplementarias más allá de las 35 horas semanales...

Annick Coupé, portavoz del sindicato contestatario Solidaires, teme también que una de las medidas que implemente el nuevo gobierno sea una ley que imponga los servicios mínimos en los transportes en caso de conflicto social.

«Es una medida ideológica -comenta a este periódico- porque, de hecho, ya existe un servicio mínimo, el que garantizan aquellos trabajadores que no se unen a la huelga, e ir más allá de eso implicaría poner en cuestión el derecho a la huelga de los otros trabajadores. Sin hablar de ruptura, asistimos, quizás al final de lo que quedaba del compromiso social de los Gloriosos Treinta». Con ese nombre se conoce al periodo comprendido entre 1945 y 1975, marcado por la expansión económica y el progreso de los derechos sociales en el Estado Francés.