El fiscal supremo hispano, al que algunos ya llaman bandido en lugar de Cándido la ha liado con su confesión de parte y sin interrogatorio hábil de por medio. Dijo lo que dijo sobre sus celebrados excesos en la ilegalización de los vestigios democráticos del régimen español y al editorialista de «Abc» casi le da un jamacuco. Por eso reseñaba en su editorial que «Conde-Pumpido se ha inhabilitado para seguir siendo fiscal general del Estado. Sus declaraciones de ayer, en las que se preguntaba `si no hemos ido demasiado allá' al ilegalizar las agrupaciones de electores de Abertzale Sozialistak y las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca, parecen pedir perdón a ETA por haber aplicado la Ley de Partidos Políticos. El fiscal general ha perdido el norte en el ejercicio de sus funciones. Su adhesión política a Rodríguez Zapatero le ha llevado a una confusión absoluta de su responsabi- lidad». Otro que debe ir al saco.

También en la margen derecha de la fachenda, «La Razón» constataba que «Nadie alberga duda alguna de que el fiscal general del Estado está al servicio de la política del Gobierno de Zapatero, en especial la relacionada con ETA y su brazo político, que es Batasuna. Por eso es comprensible que haya sufrido un súbito ataque de remordimientos que ayer le llevó a preguntarse en voz alta si no habría ido demasiado lejos en su afán de limpiar las listas de ANV. Los dirigentes batasunos no están satisfechos con la poda de 133 candidaturas y han inoculado la duda en el diligente fiscal».

Lo que está claro es que se han picado como monos. Así se entiende la memez con la que concluye el editorialista: «no parece decoroso que el fiscal general del Estado se sume a la caravana electoral del PSOE y acuse al PP de convertir la Ley de Partidos en un Guantánamo electoral. La percepción que tiene el ciudadano no es precisamente ésa, sino justo la contraria: que el Gobierno y su fiscal han retorcido el espíritu de la Ley de Partidos para avanzar en la negociación con ETA. No es Guantánamo la referencia más apropiada para aludir a la ley que permitió acorralar al brazo político de ETA. Que así lo digan los terroristas es lógico, pero no que lo haga un alto representante del Estado de Derecho».

A partir de ahí, no se extrañen de lo que diga «El Mundo» policromado del policromado Pedro J. Ramírez. Según su escriba sentado, amparado en los «rojos»: «Sus palabras -criticadas hasta por Llamazares, que le llamó `el fiscal del zigzag'- son una prueba más de que en esta legislatura y en los temas de terrorismo la Fiscalía no está al servicio de la ley sino de lo que en cada momento le conviene al Gobierno». A bandido Pumpido lo van a despellejar. Ya verán.