En las presentes elecciones no podrán tomar parte 133 listas de ANV, y ASB ha sido eliminada. Salvo en las dictaduras, es difícil imaginarse tamaña supeditación del poder judicial (Tribunal Supremo) y órganos supuestamente garantistas (Tribunal Constitucional), a los dictados del Gobierno.

Una vez más, queda demostrado que leyes elaboradas expresamente para marginar una determinada opción política (en este caso Batasuna), si bien pueden en teoría ser aplicadas con mesura y excepcionalidad, las más de las veces terminan siendo utilizadas de forma permanente y contra sectores cada vez más amplios. «Listas contaminadas, dos partidos en uno»... ¿qué inventarán la próxima vez?

El PSOE, en el pasado se valió de las «cloacas del Estado» para su política antiterrorista, y en el presente utiliza una ley elaborada por el PP como arma electoral para su uso particular. Así pretende cortocircuitar la presión del PP y limitar la presencia electoral de una parte de la izquierda abertzale en Euskal Herria.

El PSOE podía haber abolido la Ley de Partidos, o por lo menos haberla interpretado de forma más flexible, como gesto positivo en aras de un proceso negociador resolutivo, pero ha preferido utilizarla como arma de guerra para debilitar a la parte contraria de cara al futuro. (ETA también aplica su particular «ley de partidos» y con atentados como el de la T4 de Barajas pretende presionar «para mejor negociar», aunque a nuestro modo de ver, desacuerdos éticos aparte, el resultado ha sido negativo)

M. Trillo, profesor de Derecho, escribía hace unas semanas: «He mirado por encima los estatutos de PP, PSOE, PCE-IU, CiU, PNV, ChA..., y ninguno condena nada. ¿Irán también a la sala 61? Ya está bien de engañar bobos, de mentir, de falsear la realidad. Por eso se siente asco cuando se ve a Zapatero, Rajoy, Llamazares y Frutos (que en este asunto nada les distingue), Durán, Imaz... abrir su boca para decir: `tienen que condenar la violencia'. Cierto, también Felipe González debe condenarla, y como no pinta nada, que lo haga Zapatero en su nombre y que pida perdón por los asesinatos de Estado; el PP de Martín Villa, condenado éste en su ejercicio de ministro del Interior por atentado contra Antonio Cubillo en Argel; Fraga, del PP, por tantos crímenes que no le caben en una ristra de ataúdes... y Aznar y sus compinches, por su complicidad en los asesinatos producidos en Irak y en Madrid. Todos deben condenar la violencia, las muertes producidas, pero callan, y en sus estatutos nada dicen de condenar ningún tipo de violencia».

Sin embargo, todos son partidos legales y además es lógico. En ninguna democracia que se precie ocurre esto. A nadie se le ilegaliza por no condenar, sea la violencia en general o determinadas formas de violencia en particular. Tiene razón Santiago Alba Rico cuando afirma que la democracia no consiste sólo en poder decir lo que se quiere, sino también en poder callarse o guardar silencio. Y cada cual puede pensar lo que quiera sobre la postura de Batasuna (o de ASB), respecto a no pronunciarse sobre ETA, pero está en su derecho y ello no puede justificar su ilegalización. La propia Ley de Partidos nada dice al respecto.

Que sepamos, ni la Constitución española renuncia al uso de la violencia en los conflictos internos y/o externos (cosa que sí lo hizo la II República Española); ni los partidos que aspiran a gobernar y por tanto, a dirigir las fuerzas armadas y policiales, insertan en sus programas la promesa de no usar la violencia en la resolución de conflictos. Otra cosa es la apología explícita de la violencia o su organización con fines contrarios a la legislación vigente (ya hemos aclarado que la violencia en defensa de dicha legislación es, además de legal, entusiastamente defendida).

Constatamos además el éxito de las proclamas más partidarias de mano dura (léase violencia legal), como ha ocurrido en las presidenciales francesas. Resultado, un presidente partidario de medidas extremas, responsable de la rebelión de los ghetos periféricos de las más populosas ciudades de Francia, de realizar razzias contra la emigración, además de partidario de intervenir, en solitario o acompañado del Tío Sam, en aventuras militares.

Con frecuencia, en el tema de la violencia, diferentes partes ejercitan un discurso a conveniencia. Incluso se han disfrazado intervenciones armadas imperialistas con el apelativo de «humanitarias».

Ultima consideración. Si un partido logra superar todos los filtros y es legalizado, es absurdo que lo sea «parcialmente», o dicho de otra forma, que unas candidaturas sean legalizadas y otras no. Lo mismo debe afirmarse en el sentido opuesto. La ilegalización de un partido no puede afectar a los individuos que han militado en él, caso de que se presenten en otra organización. Esa regla ha valido para ex militantes de la izquierda abertzale, incluida ETA, que han aterrizado en otras formaciones. ¿Por qué no ocurre lo mismo con ANV?

Más grave todavía. La invalidación de una persona sólo es posible si media una sentencia afirmativa. Ese ha sido el caso de personas condenadas por delitos varios, incluido el de desobediencia civil, cosa que no parece darse en las decenas de militantes considerados «contaminados», razón por la que han ilegalizado muchas listas de ANV. Incluso, dos o tres personas consideradas «no aptas» no pueden ilegalizar una candidatura; sobre todo si tiene suplentes que puedan cubrir los «huecos». Es difícil que se den en una medida más infracciones al derecho civil y democrático. Al PSOE, y a quienes le secundan, cabe tal (des)honor.

(Des)honor que comparten quienes aun pronunciándose sobre tales medidas sacan provecho de ellas, consiguiendo mayorías de otra forma imposibles de lograr, realizando prácticas políticas que de otra forma no podrían realizar.