En el pleno del Ayuntamiento de Aramaio del 25 de noviembre de 2006 se decidió celebrar una consulta popular en torno al Tren de Alta Velocidad. En este municipio alavés están censadas 1.200 personas, y más de la mitad de ellas -656- pidieron al Consistorio que preguntara sobre el proyecto del TAV que tanto les afecta.

Los vecinos están preocupados porque el tren atravesaría la localidad, rompiendo la tranquilidad de los barrios Azkoaga, Barajuen y Untzilla, entre otros. «También dañaría a ganaderos y agricultores; derribaría el caserío Lugartegi y otras tres casas tendrían el ferrocarril a 40 metros», explican. El 6 de noviembre mostraron públicamente su inquietud, además de denunciar «la falta de información que hay en Aramaio, al igual que en toda Euskal Herria».

Acudieron al Ayuntamiento con firmas de 656 ciudadanas y ciudadanos, adhesiones de los alcaldes de doce barrios y el apoyo de una docena de asociaciones culturales y deportivas. Presentaron una moción que solicitaba una consulta popular para que los habitantes de Aramaio pudieran decidir sobre el proyecto. Una vez aprobada esa moción, concejales y ciudadanos crearon una comisión para trabajar la idea y establecieron la fecha y el lugar para dar la opinión sobre el tren: el 27 de mayo en la Casa de Cultura.

Sin embargo, el delegado del Gobierno español en la CAV, Paulino Luesma, puso ayer en cuestión dicha cita, ordenando recurrir la decisión tomada en el pleno de noviembre de 2006 y pidiendo la suspensión cautelar del acto.

«Interferencia» por la fecha

En una nota de prensa, la Delegación del Gobierno español explicó que la consulta está prevista para el 27 de mayo, fecha en la que se desarrollarán las elecciones municipales y a Juntas Generales, y en un local contiguo al colegio electoral.

En su escrito a la Abogacía del Estado, menciona que, para realizar la consulta, el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local exige «el acuerdo previo por mayoría absoluta del Pleno» y «la autorización del Gobierno de la nación». «Como no consta que se haya producido dicha autorización, la celebración de la mencionada consulta se considera un acto que vulnera la citada normativa», indica en su escrito Luesma. Además, añade que «por la fecha elegida podría darse una cierta interferencia entre el proceso electoral previsto y la consulta popular», especialmente «por la proximidad de los locales» que han sido habilitados para ambas convocatorias, por lo que informa de que este hecho también «se ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral Provincial, a los efectos legales oportunos».