José María Bravo ingresa en prisión por el caso de la Hacienda de Irun
El ex director de la Hacienda de Irun, José María Bravo, ingresó ayer en la cárcel de Martutene al no pagar la fianza de 400.000 euros que le había impuesto la juez que investiga el fraude detectado en la Hacienda de esta localidad. La juez decretó la medida ante la gravedad de los delitos que se le imputan -malversación de caudales y falsedad en documento- y estimó la fianza «proporcionada», dado su patrimonio.
GARA |
El ex director de la Hacienda de Irun, José María Bravo, que se encuentra imputado por el fiscal junto a otras tres personas por haberse apropiado presuntamente de 1,5 millones de euros de la Hacienda foral, fue encarcelado en Martutene poco después de las 14.00. Había sido detenido cuatro horas antes por agentes de la Ertzaintza en la gestoría que dirige en la Plaza Urdanibia de Irun, tras lo que fue conducido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, Almudena Ovejero, para prestar declaración, aunque se acogió a su derecho a no declarar.
Tras conocer la detención de José María Bravo, acudió al Palacio de Justicia de Irun su hermano Víctor Bravo, ex senador del PNV, quien dimitió la semana pasada de su cargo a consecuencia de este caso.
Al término de la diligencia, el abogado Carlos Querejeta mostró su sorpresa por la detención y encarcelamiento de su defendido ya que, según dijo, cuando el fiscal formuló su denuncia no solicitó medida alguna, mientras que ayer reclamó su ingreso en prisión incondicional, aunque finalmente la juez ordenó su encarcelamiento bajo fianza de 400.000 euros.
La magistrada justificó en un auto la adopción de esta medida por la gravedad de los hechos que se imputan a José María Bravo -la Fiscalía le acusa de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de un delito continuado de falsedad en documento oficial-, y por el riesgo de fuga o de que destruyera y alterara pruebas.
El abogado defensor opinó sin embargo que «es evidente» que no existe tal riesgo de fuga, y destacó el hecho de que su cliente fue detenido «en su puesto cotidiano de trabajo, a pesar de la que está cayendo».
Querejeta afirmó que el ingreso en prisión de su defendido «influye fundamentalmente en el derecho a la defensa», porque Bravo estaba «recopilando en estos momentos toda la documentación» que necesita su representante legal.
Lamentó asimismo las filtraciones a la prensa que «han generado una ebullición brutal» en la opinión pública que, a su entender, puede influir en las personas que en el futuro integren el tribunal del jurado que juzgará este caso.
«No puede pagar la fianza»
Respecto a la fianza impuesta a su defendido, que deberá volver a comparecer ante la juez junto al resto de imputados el próximo 26 de junio, el letrado afirmó que «no puede pagarla». La Fiscalía había solicitado para Bravo prisión comunicada y sin fianza ante la gravedad de los delitos que se le imputan y el riesgo de que se fugara o de que alterara u ocultara posibles pruebas. Junto a José María Bravo, figuran como imputados en este caso su mujer, María Rosa Cobos Crespo, la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea y Pedro María Atristain, socio del ex director de Hacienda, quienes se habrían servido de al menos 16 entidades mercantiles y 14 bienes inmuebles para encubrir la procedencia ilícita del dinero obtenido.
En la práctica totalidad de estas sociedades y propiedades aparece como titular José María Bravo, que en unos casos comparte con otros de los imputados en esta causa. La Hacienda de Bizkaia ha anunciado que investigará el patrimonio de 17 personas relacionadas con estas sociedades.
La funcionaria Pilar Gracenea anunció que «a efectos de disipar cualquier tipo de dudas» sobre su persona aportará ante «las instancias oportunas» la relación de sus bienes junto con su origen, «que no es otro que su trabajo y el de su esposo», por lo que no se le puede responsabilizar «de actuaciones que le son ajenas».
En el auto en el que ordena la prisión para José María Bravo, la juez explica su medida por la gravedad de los hechos que se le imputan, ya que la Fiscalía le acusa de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial, por cada uno de los cuales puede recibir penas de entre tres y seis años. Recuerda que Bravo, como director de la oficina de la Hacienda de Irun, recabó entre 1995 y 2004 «los nombres de contribuyentes que habían contraído deudas tributarias a fin de contactar con ellos, negociar la deuda y requerirles su pago, normalmente en cuantía inferior a la debida». «A continuación, recibía el dinero en metálico o a través de cheques que finalmente, bien de forma directa o bien a través de empresas de las que era administrador o copartícipe, ingresaba en su cuenta», agrega el auto. «Por último, declaraba extinguida la deuda tributaria así como la insolvencia del contribuyente y la prescripción del crédito». La juez entiende que la prisión comunicada y sin fianza es «proporcionada», dado el «perjuicio patrimonial causado a la Hacienda foral» puesto que la suma defraudada estaría «muy por encima de los tres millones de euros» y el presunto beneficio que el imputado obtuvo «superaría ya con creces el millón de euros», porque siguen «apareciendo nuevos expedientes presuntamente fraudulentos y nuevos perjudicados». Sin embargo, estima que por «el carácter excepcional de la prisión provisional» es preferible en este caso aplicar una fianza de 400.000 euros, cuantía que estima adecuada dados los bienes con que cuenta el imputado.
La documentación «corrobora indiciariamente» que Bravo cobró la deuda de algunos contribuyentes y que, aunque negó que se hubiera apropiado del dinero, tales ingresos «no constaban» en la Hacienda foral.
