ELECCIONES EN EUSKAL HERRIA
Barrena reitera que la prioridad es resolver el conflicto político
Cándido Conde-Pumpido, en resumidas cuentas, viene a confirmar con sus declaraciones que el Gobierno y el Estado español han orquestado «un Guantánamo electoral» vulnerando los derechos más elementales. Así lo entiende la izquierda abertzale. Barrena fue tajante en sus denuncias, al igual que el secretario general de LAB, Rafa Díez. En respuesta, la central abertzale ha convocado concentraciones en las capitales del sur del país para el próximo viernes.
Gari MUJIKA-Oihana LLORENTE | DONOSTIA
El representante de la izquierda abertzale Pernando Barrena considera que el propio fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, ya ha reconocido, «implícitamente», que el Gobierno español «ha creado un Guantánamo electoral calculado políticamente» y que el proceso electoral se caracteriza por la vulneración de los derechos de miles de ciudadanas y ciudadanos vascos. Actitud «fascista y totalitaria» que el mahaikide asemejó a la que mantiene el PSOE desde hace meses.
«Es posible que nos hayamos pasado, pero ha colado». Ésas fueron las palabras exactas que el jueves por la mañana empleó el fiscal general. Unas declaraciones que, aunque por sí solas suenan explosivas habida cuenta del cargo del personaje y de las consecuencias que han derivado sus decisiones para la pugna electoral, ninguna formación, al margen de las de la izquierda abertzale, ha denunciado en los mismos términos. Algo que el mahaikide navarro también recriminó al resto de partidos, a los que se apresuró a advertir de que se equivocarán «si van a obtener cargos electos como si aquí no pasase nada».
Elecciones «amañadas»
Barrena, que compareció al mediodía en Donostia junto a la mahaikide Jone Goirizelaia, incidió en que las palabras de Conde-Pumpido suponen un reconocimiento implícito de que la Fiscalía está vulnerando derechos básicos y que estos comicios «están amañados desde el inicio». Por lo que le acusó de mantener, tras su «supuesto manto de progresía», una actitud «fascista y totalitaria que le deja a la miserable altura de sus predecesores y a la de los adalides de la mentira en el 11-M». Las declaraciones de Conde-Pumpido, suponen, a juicio del mahaikide navarro, «una evidencia más» de la posición que viene manteniendo el PSOE en los últimos meses, ya que «se ha jactado públicamente hasta la saciedad de haber hecho muchísimo menos que el PP en estos meses de alto el fuego» y su posicionamiento ha provocado «el complicado escenario político actual». Acto seguido, se dirigió al resto de formaciones que todavía no habían dicho nada sobre esas polémicas palabras del fiscal general español.
Barrena criticó que los partidos que van a acudir el 27 de mayo a las urnas «miran hacia otro lado, hacen como que no va con ellos, y sacan la calculadora para ver qué arramblan en este escenario político».
De este modo, se preguntó «qué van a decir PNV, EA, NaBai y EB en una situación en la que hasta el fiscal general habla de Guantánamo electoral. ¿Van a obtener cargos electos como si aquí no pasase nada, también van a pensar que van a colar unos resultados y una representación ilegítima de las instituciones?». Y les reclamó que, de hacer eso, lo digan públicamente y admitan que van a «usurpar cargos y hacer rapiña de los resultados». Pero, al mismo tiempo, les advirtió de que para la izquierda abertzale «no va a colar» y que denunciará, día sí y día también, a aquellos partidos políticos que «con su actitud apuntalen y gestionen el Guantánamo electoral del fiscal general del Estado».
Por su parte, el secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga denunció que las decisiones del Supremo y del Constitucional español han acarreado «una vulneración masiva» de los derechos civiles y políticos.
Ante esta situación, que a juicio de este sindicato es de «máxima gravedad», abogó por seguir trabajando en favor de un proceso y un marco democrático que respete la voluntad de Euskal Herria y demandó a todos los partidos que se consideran democráticos el compromiso de respetar el voto ciudadano y la representación que surja tras los comicios del 27 de mayo.
Concentraciones de LAB
En este sentido, la central abertzale, además de señalar que seguirá impulsando un proceso resolutivo en todos los centros de trabajo, el próximo viernes realizará concentraciones en las capitales de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa Garaia para denunciar el caracter antidemocrático de las elecciones y exigir, del mismo modo, el respeto a la voluntad popular y la puesta en marcha de un proceso democrático para Euskal Herria.
El secretario general de LAB también denunció «la frivolidad y la normalidad» con la que actúan algunas formaciones políticas ante tamaña situación de vulneraciones constantes.
Barrena también se dirigió a una base social de la izquierda abertzale que observa «con un enfado enorme», para que canalice ese sentir de forma positiva a través del voto masivo a favor de EAE-ANV en la cita electoral del día 27.
El consejero del Gobierno de Lakua Javier Madrazo exigió la dimisión o el cese inmediato y Begoña Errazti, presidenta de EA, se preguntó «qué Estado de Derecho puede soportar a un fiscal general que dice que no ha aplicado la ley pero que ha colado».
El secretario general de ELA, José Elorrieta, aseguró ayer que hasta que vio las portadas de la prensa escrita, pensó que las declaraciones de Cándido Conde-Pumpido «eran un chiste». Elorrieta subrayó dos aspectos sobre las palabras del fiscal general: «La intencionalidad política explícita de colar mercancía averiada, y el levantamiento de acta de que los tribunales cuelan y aceptan la mercancía averiada».
GARA
Pero formaciones como PSE, PNV, NaBai o Aralar, no habían realizado comentario alguno al respecto de las palabras de Conde-Pumpido. Y eso que antes de las anulaciones hablaban de «maniobras de circo» y se posicionaban en contra.
Lejos de observar en las palabras del fiscal general un indicio de la ligereza con la que en el Estado español se conculcan los derechos políticos más elementales, los portavoces de la derecha española presentan las afirmaciones de Conde-Pumpido como una muestra más de las cesiones ante la izquierda abertzale. El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, exigió a Conde-Pumpido que trabaje con criterios jurídicos y que deje de lado los criterios «políticos». Señaló que su función se reduce a la de aplicar la Ley. Dijo que en el proceso de impugnación probablemente se «jugó al azar» para establecer el número de listas que se pudieran impugnar de forma «razonable», para que «los terroristas se pudieran presentar en otras zonas sin ningún tipo de problemas. El Gobierno ha conseguido que ETA vuelva a las instituciones», afirmó.
La Asociación de Fiscales, también de corte derechista, indicó que el fiscal general pone «en tela de juicio» con sus palabras «no sólo la actuación del Ministerio Público, sino también las resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional», por lo que volvió a exigir su dimisión o su cese.
La prensa cercana al PP tampoco se quedó atrás en sus aseveraciones. Valga como ejemplo el contundente inicio del editorial de «Abc», en el que se afirma que «Conde-Pumpido se ha inhabilitado para seguir siendo fiscal general del Estado».
I. IRIONDO
El cabeza de lista de Acción Nacionalista Vasca a las JJGG de Araba por la circunscripción de Gasteiz, Aitor Bezares, consideró que las palabras del fiscal general del Estado «igual se acercan más a la declaración que cualquiera pudiera hacer en el bar y guiado por el sentido común que a las de un fiscal general». No obstante, subrayó que «el error fundamental» no recaé sobre cómo se ha aplicado la Ley de Partidos, sino sobre la propia existencia de una norma que, a su entender, no es más que «una herramienta de guerra».
El representante de ANV señaló que resulta «llamativo» ver cómo una persona del cargo de Cándido Conde-Pumpido realice unas declaraciones en las que «se puede intuir incluso arrepentimiento. No sé si será porque se ha dado cuenta de que, realmente, la Ley de Partidos es un arma de guerra que en su día se diseñó con intención de golpear a un espectro social de este pueblo».
Pero Bezares volvió a incidir sobre la aplicación, la existencia y el mantenimientoi de la Ley de Partidos. «Las herramientas de guerra en ningún caso se tienen que poner en práctica y menos por parte del Estado y, sobre todo, cuando se plantea y se pone encima de la mesa un escenario nuevo, un escenario en el que se crean muchísimas esperanzas de llegar a un escenario que traiga la paz», puntualizó.
