Dime de qué presumes y te diré de qué careces». Dudo mucho de que haya otro rincón del planeta donde se repita de un modo tan constante la cantinela ésa de «nosotros los demócratas» como en el Estado español. En él, los políticos de casi todas las tendencias consumen sus energías casi a diario autoproclamándose demócratas, como si sintieran a cada minuto la necesidad de recordárselo a los ciudadanos. ¿Será tal vez que ellos mismos no están tan convencidos de serlo? Lo cierto es que, como mínimo, motivos para dudar no les faltan.

Al principio, durante la Transición, los no tantos demócratas de la época hablaban de «la joven democracia» como algo que debería desarrollarse hacia cotas de una mayor libertad con el paso del tiempo. El legado aún muy presente del dictador y el temor ante la reacción del Ejército hacían aconsejable la aceptación de una democracia un tanto descafeinada, pero todo se andaría con el tiempo. Y sí que se ha andado, pero se ha hecho hacia atrás, como el cangrejo. Es cierto que la existencia de ETA puede resultar eficiente para vender bien este proceso de retracción, pero no lo es menos que, con un mínimo de perspectiva histórica, ello no puede ser más que una mera excusa si tenemos en cuenta que ETA ya existía cuando se instauró tal democracia, sin por ello recurrir a los aberrantes (al menos desde un punto de vista estrictamente democrático) mecanismos empleados hoy en día so pretexto de combatirla. Lo que no era fumable o de recibo por aquel entonces, con tantos factores en contra para la instauración de una democracia ya fuera solamente formal, ahora no sólo es asumible sino virtud democrática.

La Ley de Partidos o la democracia en la UVI. La aprobación de esta Ley supone un gran salto cualitativo en tanto que, aún no siendo el primer paso atrás ni mucho menos, supone la aceptación del más absoluto «todo vale». Lo hace, además, en forma descubierta, sin el ocultismo propio de anteriores fórmulas aplicadas en esta senda regresiva. Se torpedea ya de lleno, sin ambages ni circunloquios, la línea de flotación del propio sistema democrático, aceptando que por encima del propio sistema político y de gobierno está la defensa de unos determinados intereses denominados de Estado. Esta Ley faculta a determinados representantes del Estado (cargos dependientes directamente del Ejecutivo) para solicitar exclusiones del juego democrático, transformando de facto lo que hasta entonces era un derecho en una suerte de concesión o privilegio. Al mismo tiempo, y para que todo resulte «legal», se reglamenta un procedimiento judicial para que sean los jueces quienes materialicen tal exclusión. Paradójicamente (yo más bien diría que sintomáticamente), lo que es una más que diáfana restricción de derechos, a la vez que regresión frente al propio modelo imperante hasta entonces, se envuelve en un discurso de «profundización y fortalecimiento de la democracia». Esta reforma colocaba al propio sistema democrático en la UVI, faltaba sólo por ver cómo se materializaba su ejecución para ver si el desenlace iba a ser fatal.

Del sufragio universal al sufragio tutelado. La primero que hace esta Ley es transformar la causa de su promulgación en efecto de su aplicación. Al tiempo que se tramita para su aprobación se prepara ya la ilegalización de la fuerza política para quien se instruye la misma, lo que la convierte en una auténtica ley ad hoc o a la carta. El Tribunal Constitucional, primando también sin duda determinados intereses de Estado sobre una serie de derechos básicos recogidos por la propia Constitución, avala este auténtico despropósito y abre la veda para cualquier nueva vulneración de esos mismos derechos. Estos, de facto, dejan de merecer su calificativo, quedando sujetos a la interpretación que el Tribunal crea menester según propia jurisprudencia. Es el adiós a los derechos universales, ya que a partir de entonces este Tribunal viene a decir quién los merece y quién no.

Pero la aplicación de esta Ley es además muy embarazosa a la hora de ejecutar su castigo, lo que lleva a un continuo retorcerse las meninges, al tiempo que las interpretaciones de la propia ley, dando como resultado auténticas novelas de ciencia-ficción como la reciente sentencia en la que se justifica la anulación de 133 listas del partido legal (¿o legal a medias?) EAE-ANV. Doble dirección, dos partidos en uno, derecho de sufragio pasivo sí, pero no... ¿De qué hablan?

El resultado real y tangible creado por esta situación de absurdo permanente es la sustitución efectiva del derecho de sufragio universal (pilar básico de cualquier sistema político que se pretenda democrático) por una suerte de sufragio tutelado que da lugar a otras situaciones cada vez más delirantes.

El teorema de la contaminación. Y es que, ¿cómo tutelar este derecho al sufragio en personas que por ley mantienen dicho derecho intacto? Aquí llegamos a lo que, hoy por hoy (me temo que pronto nos sorprenderán con algo aún más patético), representa la quintaesencia del despropósito. Me refiero, claro está, a las «listas contaminadas».

Cambio de registro porque no creo que haya otra forma de intentar explicar esto con un mínimo de claridad. En resumen, viene a ser algo parecido a lo que sigue. Pues mira, oye, que ahora resulta que estas personas para nada tienen que sentir que han perdido su derecho a presentarse para cargo electo. Que no es así -hay que ser malpensados-, que simplemente se les limita un poquitín y no se pueden presentar junto a personas con quienes hayan concurrido con anterioridad o piensen de igual modo, que para eso tienen a su disposición otras opciones «más recomendables». ¡Y ojito! Que si vais dos juntos ya podéis contaminar al resto y convertirlos en futuros sujetos contaminados y contaminantes, que eso al fin y al cabo es lo que sois, aunque lo tengamos que decir más suavecito. Ya veis lo que ha pasado, sin ir más lejos, en Urduliz, donde dos personas han contaminado toda una lista de 14. Es más, si te consideramos un personaje «relevante», tú solito puedes contaminar al resto. ¡Y hala, majetes, todos eliminados!

¿En qué artículo de ese sainete en que PP y PSOE vienen convirtiendo el Derecho español se alude a la figura del sujeto contaminado y contaminante? Si existe, ése si que tiene que ser bueno... ¡Para partirse! Mejor todavía que el auto del Supremo y la posterior sentencia del Constitucional, y mira que estos no tienen desperdicio.

Cuantos más demócratas menos democracia? Tal vez no esté de más recordar a todos aquéllos a quienes se les llena la boca cuando se autodenominan demócratas que mucho más importante que lo que ellos se sientan o se autoproclamen individualmente es garantizar que el sistema bajo el que conviven -convivimos- lo sea realmente, y respete al menos los preceptos más básicos, independientemente de lo que otros sujetos o entidades hagan. Tal debe ser el primer deber de quien dice representar al conjunto de la ciudadanía y respetar su soberanía en un régimen democrático, y no limitar y acotar (cuando no eliminar) cada vez más derechos de los considerados fundamentales, empezando por el de sufragio, por mucho se haga en nombre de la democracia. La pregunta que encabeza este párrafo es retórica, es la simple constatación de un fenómeno que venimos padeciendo, pero para acabar lanzo otra pregunta que, por desgracia, quizás también lo sea: ¿Cuantos menos derechos más democracia? O dicho de otra forma: ¿Es realmente la democracia la que se fortalece recortando los derechos y tutelando las opciones políticas, sean estas cuales sean?