Pese a que todavía se desconoce íntegramente la sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha condenado a nueve de los doce ciudadanos procesados en el conocido como sumario 8/97 a penas que alcanzan más de 26 años de prisión.

El sumario 8/97 es consecuencia de una las mayores redadas realizadas bajo acusaciones de kale borroka en la década de los 90. De los 26 detenidos, la mayoría de ellos quedó en libertad bajo fianza y los catorce menores arrestados fueron excluidos de la causa por falta de pruebas. Pese a ello, el proceso judicial, basado en gran parte en declaraciones arrancadas tras estos arrestos, siguió adelante y las peticiones fiscales de prisión al inicio del juicio ascendieron a 401 años, aunque luego se rebajó hasta los 95.

Así las cosas, Askatasuna, que evitó realizar mayores valoraciones hasta disponer de la sentencia entre manos, recordó que las pruebas principales en este caso son las declaraciones realizadas por los jóvenes durante el período de incomunicación. Tras dicho paso por comisaria, hace ya más de una década y siendo algunos de los detenidos menores de edad, todos denunciaron torturas y malos tratos.

A juicio del organismo antirrepresivo, «un tribunal que condena en base a declaraciones obtenidas bajo tortura no puede considerarse democrático».

La sentencia del tribunal español condena a siete años de cárcel a Pablo Montoya, Koldo Nikolas y Arantza Rus. En cuanto a Joseba Miren de la Higuera, ha sido castigado con tres años por delitos de «daños continuados», «tenencia de substancias explosivas» y «tenencia ilícita de armas».

Por su parte, y acusados de un delito de «daños continuados», la Audiencia Nacional castiga a un año de prisión a Karlos Xabier Montoya y David Abarzuza. Mientras que, por un delito de «daños», Alberto Pio y Oskar Estebariz han sufrido unas penas de seis y cuatro meses de cárcel respectivamente.

Koldo Barberia, Mikel Auza y Asier Varela han corrido mejor suerte que el resto de los imputados, ya que han quedado absueltos. Asimismo, las multas e indemnizaciones impuestas a los jóvenes navarros llegan casi hasta los 400.000 euros.

La sentencia afecta a uno de los procesos que mayor solidaridad ha despertado en los últimos años a nivel social, especialmente en Nafarroa, debido a las connotaciones del caso, al volumen de detenciones llevadas a cabo en 1995 y 1996, a las denuncias de torturas producidas y a la posterior reactivación del sumario el pasado año, una década después de que se produjeran los hechos juzgados.