Tras el empacho de resultados, posibles pactos y atracos, encuentro una noticia que me impacta: una mujer conectada a un respirador fallece tras serle desconectado por no pagar la luz. Ocurre en Auckland, capital económica de Nueva Zelanda, país con unos veinte mil euros de renta per capita. La difunta era una maestra de escuela, madre de cuatro hijos. Por su nombre, Folole Muliaga, intuyo que no pertenece a la mayoría blanca, sino a la minoría indígena maorí y, todo lleva a pensar que la desdichada Folole era más pobre que un maestro de escuela.

Es indudable, como proclaman sus defensores, que el capitalismo genera soluciones para todo. Si alguien no paga la luz, pues se le corta el suministro y solucionado el problema. Y si se muere, será exclusivamente por su culpa, porque el empleado que ejecuta el corte alegará obediencia debida y, si se tercia, involuntariedad o preterintencionalidad. Los dueños de la compañía eléctrica, que sólo cumplen las leyes que amparan su negocio, que venden su producto en un mercado de libre competencia (esto último casi seguro que será mentira) y para obtener el máximo beneficio, que su compañía no es una ONG, y así sucesivamente.

La noticia es terrible y parece de esas que sólo pueden ocurrir en las Antípodas, muy lejos de nosotros, y sin embargo, podría suceder aquí mañana mismo, porque nuestras proveedoras utilizan el mismo eficaz y expeditivo método para evitar los impagos o incluso para reprimir a los objetores. No hace falta más que recordar lo que nos hacían a los que nos negábamos a pagar el recibo de la luz en el marco de la lucha contra la central nuclear de Lemoiz. Todos los días varios cortes, aunque fuera más caro mandar al currela cortador que dejarlo estar, pero, amigo, la ley es la ley, sobre todo cuando conviene.

Coincidiendo en el tiempo, llegan rumores de que a Iñaki De Juana le han dado el alta hospitalaria y la Brunete mediática ya ha puesto a disparar todos sus cañones tratando de cobrar de nuevo facturas ya pagadas y exigiendo que le lleven a la cárcel como paso previo a las mazmorras del infierno. Se trata por todos los medios de resucitar un problema ya decidido por la resolución de Instituciones Penitenciarias de 28 de febrero, refrendada por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Lo que se ha producido es el alta hospitalaria, que no el alta médica, pues tiene que seguir acudiendo al hospital a controlar su evolución y seguir el plan de recuperación y para este supuesto se estableció el 28 de febrero que «después de causar alta permanecerá en su domicilio, con el horario que se determine». Entiendo, por tanto, que la situación actual, lógicamente, estaba prevista y resuelta de antemano, por lo que no cabe sino cumplir lo ordenado y que pase a su domicilio en la forma que en la misma se establece. Cualquier otra decisión supondría volver a las andadas y enredar peligrosamente un problema que podría estar en vías de solución.