El amplio consenso que existe a nivel político sobre la fiscalidad pone de manifiesto las opciones de fondo de quienes gobiernan las instituciones. Acuerdo que, grosso modo, está encaminado a imponer un sistema fiscal cada vez más regresivo e insolidario.

Este es, precisamente, el camino por el que continúa la reforma del IRPF acordada entre Gobierno y las tres diputaciones de la CAV y que será de aplicación para el presente año. Un reforma que supondrá dejar de ingresar 237 millones de euros. Se reduce el tipo que se aplica a las rentas superiores del 48% al 45% (en el 1998 era del 56%) y por el contrario se incrementa el tipo mínimo, el que pagan las personas del tramo inferior de ingresos, hasta el 23% (anteriormente era del 18%). Además, se reduce el número de tramos, por lo que el IRPF pierde en progresividad y se establece un único tipo para las rentas del capital. Estas tributarán al 18%, esto es, las rentas que no provengan del trabajo asalariado van a pagar menos que lo que pagan las personas de ingresos más bajos. Así podemos entender que al 4,7% de la población que más tiene se le perdonen unos 35 millones y que al 15% de la población que menos tiene sólo se le imputen 3 millones del costo total de esta reforma. Es esta misma la dirección que toma la rebaja del Impuesto de Sociedades: en un periodo en el que los beneficios empresariales se han incrementado proporcionalmente mucho más que las rentas del trabajo, las empresas reciben un regalo extra en forma de reducción de impuestos.

Una de las necesidades que más apremia hoy, sobre todo a la juventud, es el acceso a la vivienda. Tanto las decenas de miles de personas que no pueden acceder como las cientos de miles que tienen que pagar hipotecas o rentas desmesuradas requieren de una intervención pública que dé respuestas en el corto plazo a sus necesidades. Intervención ésta en la que la política fiscal tiene una gran importancia, no en vano en la actualidad triplica en cuantía a la intervención directa. Para el ejercicio fiscal 2006 las haciendas públicas preven dejar de ingresar 556 millones de euros por deducciones asociadas a la vivienda, gasto fiscal que un 93% se aplica a lo invertido en la compra de la vivienda habitual. Por su parte, el Gobierno Vasco dispone este mismo año de 177 millones para desarrollar políticas de vivienda. La mencionada reforma fiscal no hace sino ahondar en esta seudo-política de vivienda. Las deducciones pasan a aplicarse de manera individual y el crédito fiscal (cantidad total deducible) se incrementa 6.000 euros. De la misma manera, se amplían las deducciones por alquiler tanto a la persona arrendataria como a la arrendadora. Esta tendrá una bonificación del 20% de lo obtenido por el alquiler y el resto tributará al 18%.

Las deducciones fiscales son presentadas como grandes avances sociales. Nada más lejos de la realidad. Además de provocar una importante merma de recursos a las administraciones, que así tienen menos capacidad de intervención directa, en nada benefician a las personas de menores recursos. 100.000 personas que en la CAV no están obligadas a presentar declaración de la renta y que por lo tanto no obtienen ningún beneficio. Por otra parte, la lógica que siguen es dejar que la gente resuelva su necesidad de vivienda en el mercado libre y después permitir que paguen menos impuestos. Pero es que además de estar ante una práctica poco progresiva ésta yerra el tiro, ya que, pese a favorecer individualmente, provoca un efecto perverso. Al incrementar la renta neta disponible por las personas, aumenta su capacidad para los pagos mensuales y lleva los precios al alza (un piso libre costará siempre el máximo que una familia media pueda asumir). Múltiples estudios explican en torno a un 8% de la subida del precio de la vivienda libre entre 1994 y 2004 en base a la política fiscal.

La fiscalidad también tiene mucho que ver con el affaire de las viviendas vacías. A todas las propuestas (recargo del IBI, Canon Autonómico...) se les ha alegado una imposibilidad técnica para definir el concepto de las mismas. Pues bien, parece que las diputaciones sí saben cuántas y en manos de quién están estas viviendas. De hecho en el IRPF se imputa el 2% del valor catastral de las segundas y consecutivas viviendas. Eso sí, cuando se ponen sobre la mesa medidas más contundentes, se descalifican directamente. Lo que oculta esa descalificación es la falta de voluntad de intervenir sobre las viviendas vacías, dándole la espalda al grave problema social y ambiental que suponen, que se ve refrendada por el hecho de que en la reforma fiscal ha desaparecido la imputación del valor catastral de estas viviendas.

Desmercantilizar el derecho a la vivienda, arrancarla de la lógica del mercado, provocar que se pongan en uso las viviendas vacías, desarrollar un potente parque público de viviendas en alquiler... es el camino a seguir, el que conviene a la gran mayoría de la población, y no el que Gobierno Vasco y diputaciones forales repiten hasta la saciedad.

Lejos de rebajar los impuestos, lo que tiene que hacer la clase política de este país es trasladar la necesidad de que entre todas las personas paguemos más impuestos para así poder disfrutar de más servicios públicos y de más calidad. Pagar más, de una manera justa y sin trampas en las cuentas. Se debe volver a un sistema fiscal basado en una fiscalidad directa y progresiva.