Al menos 174 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) han sido trasladados desde el viernes a una prisión de paso en Chiquinquirá. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el general retirado Eduardo Morales, acudió ayer a la cárcel de Normandía para coordinar la reanudación del programa de traslados con el que el Gobierno de Alvaro Uribe pretende lograr la liberación de unas 60 personas, entre ellas, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

En la apertura de un consejo comunitario, el presidente colombiano afirmó que se trata de un gesto hacia «la reconciliación». Fuentes gubernamentales indicaron que, en una siguiente fase, los prisioneros serán trasladados «a sitios más amables», si bien, «todo depende de los procesos que lleva a cabo el Gobierno».

Las FARC, sin embargo, han rechazado esta iniciativa del Gobierno e insisten en negociar un intercambio humanitario en una zona desmilitarizada, a unos 800 kilómetros en el suroeste del país.

Rodrigo Granda, considerado como el ministro de Exteriores de las FARC, subrayó a través de su abogado Miguel González que «no se va a reinsertar».

El jurista precisó que el guerrillero recibió una comunicación en la que se le informa de su excarcelación como un gesto unilateral del Gobierno. Granda podría quedar en libertad para ejercer como portavoz en una eventual negociación. En este sentido, el ministro Interior, Carlos Holguín, sostuvo en una entrevista a la radio RCN que esa excarcelación será un «gesto de claro contenido humanitario para lograr desempantanar y descongelar la situación lamentable a la que están sometidas las personas secuestradas».

Las exigencias para los guerrilleros son que «se desmovilicen, que se comprometan a no regresar a la delincuencia, que trabajen por la paz y que estén bajo la vigilancia o tutoría de un Gobierno extranjero o de la Iglesia Católica». Las FARC se oponen a este plan e inciden en que la liberación debe ser producto de la negociación de un intercambio.