Ramón SOLA

El último gran sondeo difundido antes de que el anuncio del fin del alto el fuego de ETA confirmara el colapso del proceso fue encargado por el Grupo Vocento y publicado por sus medios el pasado 18 de mayo. Aunque en ese momento no se palpaba una conciencia social generalizada de que las cosas iban tan mal, ya entonces la opinión sobre la gestión del proceso hecha por el presidente del Ejecutivo español estaba muy lejos del aprobado. Ante preguntas formuladas a finales de abril y principios de mayo, cuando todavía ni siquiera se había consumado judicialmente el veto a 380 candidaturas de la izquierda abertzale, sólo algo más de un tercio de los más de 4.000 encuestados la veía acertada.

Cuando se les preguntó por «la valoración de la actuación que ha tenido el Gobierno en el proceso de paz», sólo el 4,5% escogió la opción «muy adecuada». Otro 31,8% optó por definirla como «bastante adecuada». Y fueron bastantes más quienes veían su actitud «algo inadecuada» (38,6%) o «totalmente inadecuada» (19,7%). El rechazo alcanzaba el mayor grado en Gipuzkoa, lo que apunta a que la discrepancia venía más desde el lado de la izquierda abertzale que desde el PP.

Pero no hubo que esperar tanto para apreciar el descontento social con la inacción del mandatario del PSOE. Pese al liderazgo casi personal con que ha llevado el proceso, tampoco en las sucesivas encuestas del Gabinete de Prospecciones Sociológicas en que se interpeló al respecto Zapatero obtenía buenos resultados. En la última, en febrero de este año, un 27% consideraba su actuación «mala» o «muy mala», y un 36% más la situaba como «ni buena ni mala». El grupo de descontentos era el que más crecía, con tres puntos más respecto a las valoraciones recogidas en octubre de 2006.

Pero más clarificadoras aún que las puntuaciones obtenidas pueden ser los motivos de fondo de este descontento. En ese mismo sondeo, tras el atentado de Barajas al que el Gobierno del PSOE respondió afirmando que el proceso quedaba roto, el 72% defendió que el Ejecutivo debía seguir negociando. Y mientras el PSOE se levantaba de la mesa, el 83% de los interpelados abogaba por «retomar el proceso de diálogo» entre los partidos. En ambos casos, Zapatero actuó contra el criterio claramente mayoritario de los simpatizantes del PSOE, como puede verse en los cuadros adjuntos. Además, el 53% le pedía que Batasuna concurriera a las elecciones de mayo como tal; finalmente, ni se permitió que fuese así, ni se aceptó la inscripción de un nuevo partido (ASB), ni la participación de listas con la denominación Abertzale Sozialistak, ni la de la mitad de las candidaturas de ANV.

En otros terrenos Zapatero también suspendió, incluso en meses anteriores. El Sociómetro de abril de 2006 mostró que el 73% de la ciudadanía vasca pedía el acercamiento de presos tras el alto el fuego. Zapatero no lo acometió. El Euskobarómetro de la UPV, un mes después, elevó la cifra hasta el 83%, y apuntó además que un 71% era partidario de mejorar las condiciones de prisión e implantar la «aplicación selectiva de beneficios penitenciarios». Zapatero hizo lo contrario: extender la «cadena perpetua».

El inquilino de La Moncloa tampoco parece sensible ahora a estas opiniones. La encuesta del Grupo Vocento de abril dio como conclusión que la mayoría no creía que Iñaki de Juana debiera volver a prisión.