Gerardo ORREGO LANDAZABAL | BOGOTÁ

Nicolás Neira era un joven estudiante de apenas 15 años cuando le sorprendió la muerte a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), «la Policía que, a nivel nacional, reprime de forma más brutal las protestas populares», explica Pedro Mahecha, abogado de la familia que pretende llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cuenta Mahecha que el día en que Neira fue golpeado estaba participando en una movilización sindical que conmemoraba el Primero de Mayo. «En un momento dado hubo una fricción entre los marchantes y la Policía y como él padecía un problema respiratorio, no pudo correr debido a los gases lacrimógenos -recuerda-. Entonces la Policía lo golpeó con sus bastones a la altura del cráneo y cuando cayó al suelo fue objeto de puntapiés». Nicolás Neira recibió numerosos golpes, pero «uno de ellos fue suficiente para fracturarle el cráneo y dejarle en coma durante seis días». Tras el fatal desenlace, se investiga al ESMAD por el «homicidio» de Neira, según han declarado algunos testigos directos de la paliza.

Entre las pruebas aportadas hay documentación fotográfica del escenario en que se producen los hechos, pero Mahecha añade que «la indumentaria que llevan les permite camuflarse, ya que por aquel entonces los miembros del ESMAD no llevaban una placa identificativa y, además, utilizaban cascos especiales, pasamontañas y viseras que les permiten ocultar su identidad».

Sin embargo, la Procuraduría sostiene que el ESMAD participó «directamente» en la paliza y que está probado que no realizó gestiones para que Neira tuviera una atención médica inmediata, sino que la obstaculizó al «colocar un cerco alrededor del joven». «Tuvieron que ser particulares quienes recogieron al niño a pesar del cerco y prácticamente lo arrancaron de las manos de la ESMAD para llevarlo a la clínica». Además, la prueba técnica del Instituto de Medicina Legal apunta «inequivocadamente» que las lesiones «obedecen a la paliza propinada por el ESMAD y no, como afirmó la Policía, por caer de un camión. El dictamen forense indica que fue un golpe contundente propinado muy seguramente por los agentes del ESMAD», apunta el letrado.

«Actitud lamentable»

La Fiscalía, no obstante, entregó el caso a la Justicia Penal Militar (JPM), por lo que la investigación está en manos de un juez militar, una decisión que Mahecha califica de «actitud lamentable, porque no se puede calificar un crimen contra un niño como un acto de servicio» y subraya, además, que eso «es garantía de impunidad».

«Como no confiamos en que vaya a haber justicia -dice-, queremos llevar el caso a la CIDH bajo la consideración de que lo que hizo la ESMAD es un hecho más enmarcado en una política represiva que el Estado aplica contra los sectores de oposición». Habitualmente se recurre a instancias judiciales supranacionales cuando se agota la vía judicial interna, pero el abogado explica que en este caso es posible hacerlo ya porque la CIDH «no ve en la JPM un recurso idóneo y efectivo para alcanzar justicia y desde hace tiempo viene manteniendo que la JPM es, más bien, un dispensador de impunidad».

El objetivo de la acusación es que esta instancia «reconozca la responsabilidad del Estado colombiano y le obligue a reconocer su propia responsabilidad ante este crimen, así como que el entorno familiar y social de Nicolás Neira encuentre, en cierta medida, un descanso en tanto que se haga justicia con ese reconocimiento». Del mismo modo, manifiesta Mahecha, desde la CIDH se puede buscar que el caso regrese a la justicia ordinaria, a la Fiscalía de Colombia.

En cualquier caso, el abogado de la familia Neira considera, «lamentablemente», imposible que se llegue hasta el oficial al mando, pues señala que en Colombia «se busca favorecer a los que dirigen la tropa y esto se queda en los mandos intermedios, soldados o policías rasos. Es más -agrega-, en su fallo, la Procuraduría exonera a quien estaba al mando del operativo al entender que él hizo todo lo que humanamente pudo para evitar excesos de la fuerza pública».