Arnaldo Otegi enumeraba el lunes tres factores que han coadyuvado a que se malogre esta oportunidad: la falta de valentía política, la inexistencia de igualdad de condiciones y la ausencia de agenda política en la actuación del Gobierno español. Pero no todo son déficits. Aunque el momento no sea el más adecuado para apreciarlo, los últimos meses dejan ingredientes para hacer otro intento si existe voluntad:

El método de Anoeta fue recibido con cierto escepticismo, pero hoy es el día en que todos los partidos políticos lo dan por bueno e incluso intentan presentarse como defensores de esta fórmula de la doble mesa frente a la izquierda abertzale, a quien sitúan como reticente a desarrollarla realmente.

Otegi insistió anteayer en que la izquierda abertzale se reafirma en esta metodología «al pie de la letra», como no podía ser menos teniendo en cuenta que fue Batasuna quien la propuso hace ya dos años y medio, y la que con ello abrió el camino a la oportunidad de estos meses.

Desde formaciones como el PNV se acusa a este sector de quebrar el método al asegurar que ETA ha irrumpido en el debate político. Pero desde Batasuna se replica que fue justamente al contrario: el PSOE y el PNV trataron desde el inicio de poner en marcha una dinámica exclusivamente «técnica», equiparando proceso y cese de la ac- tividad armada de ETA e impidiendo que se pusiera en marcha la mesa multipartita.

Por encima de estas interpretaciones, todas las partes asumen en el fondo que esa metodología es la adecuada. Y en algunos momentos de estos meses, aunque no en otros, el presidente del Gobierno español ha aceptado que cabe avanzar en el terreno de la negociación política sin necesidad de que se haya logrado previamente un acuerdo militar. Así se hizo en Irlanda y, como reconocía ``El País'' con ocasión del reciente acto de constitución del gobierno en Stormont, la admisión de que cabía simultanear los dos procesos supuso un paso decisivo para llegar al éxito final.

La negociación política ha sido una realidad durante algunas semanas. Un ex dirigente del PNV cuantificaba anteayer en torno a las 250 horas el tiempo empleado por los representantes jeltzales, del PSOE y de Batasuna en cruzar impresiones y propuestas. En la fase crucial de los contactos, entre setiembre y noviembre en Loiola, se produjeron doce reuniones que sirvieron para labrar consensos desconocidos en terrenos como la definición de Euskal Herria como nación o la aceptación de todos los derechos. Antes, el PSOE aceptó la existencia de un conflicto político y el presidente del Gobierno español hizo un histórico reconocimiento verbal del derecho a decidir de la ciudadanía vasca, aunque la introducción paralela de la coletilla de la sujeción a la Constitución española lo dejara cercenado.

La cuestión de la territorialidad fue el punto en que encalló la búsqueda de consenso. Pero el ejercicio de diálogo intensivo obligó al menos a retratarse a todas las partes. Como confirman los conocedores de estos contactos, a día de hoy «todos los elementos están sobre la mesa». Y la izquierda abertzale deja sobre ella la llamada Propuesta de Marco Democrático, basada en una autonomía con derecho a decidir para Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, y otra para Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. El PSOE y el PNV han dicho no, pero es significativo que a día de hoy sigan sin explicar bien por qué.

Las reglas del juego son el nuevo ámbito de trabajo en la negociación, y esto supone también un terreno abierto para explorar en el futuro. En ensayos anteriores se confrontaron en la mesa de negociación opciones incompatibles, como la de quienes apuestan por la independencia y quienes defienden la unidad española. Conscientes de que por ahí sólo se llega al fracaso, los negociadores políticos han diseñado otro campo de juego: el de las reglas básicas. Y en éste sí parece viable llegar a consensos algún día, especialmente en torno al derecho a decidir de la ciudadanía vasca. La cuestión no llegó a desbloquearse del todo en las conversaciones decisivas, pero hoy es el día en que encuestas como el Sociómetro de Lakua de febrero de 2006 muestran que la mayoría de los votantes de todos los partidos, incluidos PSOE y PP, aceptan este derecho a decidir.

Esta cuestión está ganada claramente en términos de apoyo social. Pero falta conseguir un acuerdo entre los partidos sobre cómo se materializa ese derecho a decidir, de modo que sea la ciudadanía vasca quien escoja luego entre los diferentes proyectos. Pocos dudan de que la solución vendrá por aquí.

La negociación Gobierno-ETA es el ámbito del que menos información ha trascendido, porque ninguna de las dos partes ha hecho público el contenido de las reuniones. En su día, GARA dio cuenta de que el Ejecutivo español llegó a unos compromisos previos al alto el fuego que suponían una novedad respecto al proceso de Lizarra-Garazi, aunque luego los incumpliera desde el primer minuto.

Como legado en este terreno queda la constatación de que el Gobierno español sabe que tiene que hablar con ETA para resolver cuestiones como los presos o la desmilitarización, y así lo ha hecho. Queda también el aval del Congreso español, también por vez primera, para esta negociación. Tras el atentado de Barajas, el PP intentó que se revocaran estos principios, pero la mayoría del Congreso lo rechazó, de modo que la resolución de mayo de 2005 sigue vigente. Varios medios aseguran, de hecho, que los contactos no se interrumpieron tampoco tras el 30 de diciembre, aunque a la vista está que no han llegado a buen puerto. Y queda también, por último, la labor de los mediadores internacionales.

Euskal Herria está en la agenda internacional más que nunca, y de hecho tras los avances en el proceso irlandés se observa con preocupación creciente el hecho de que el vasco sea el único conflicto político violento existente en Europa Occidental. La declaración ayer del secretario general de la ONU es el último ejemplo, pero hay muchos más: el Parlamento Europeo debatió por vez primera esta cuestión en octubre pasado en una sesión plenaria, Washington y el Vaticano han opinado, expertos en mediación de todo el mundo han pasado por Euskal Herria, seis mandatarios de altísimo nivel de distintos continentes firmaron juntos una declaración de impulso al proceso, y la noticia del fin del alto el fuego ha sido valorada incluso por el Gobierno de Japón. Falta convertir todo esto en impulso positivo.

La sociedad vasca quiere la solución y sabe cómo lograrla, según quedó patente en la manifestación del 1 de abril de 2006 en demanda de diálogo y acuerdo político (la mayor de los últimos años con 84.000 participantes) y en todas las encuestas realizadas en estos meses. Por citar algunos ejemplos, la mesa de partidos fue rechazada por sólo un 10% de los encuestados en el Sociómetro de Lakua de febrero de 2006; un 76% defendía negociar en ella la forma de relación entre Euskal Herria y el Estado; un 69%, el derecho de autodeterminación; y un 64%, también las relaciones entre los distintos territorios vascos.

Iniciativas como el Acuerdo Democrático de Base o Milakabilaka han dado cuerpo a esta apuesta generalizada por el diálogo y los derechos.