El Tribunal Supremo iraquí confirmó ayer la pena de muerte contra tres colaboradores de Saddam Hussein por el «caso Anfal» que costó la vida a miles de kurdos. Tras esta decisión judicial, la ejecución en la horca de Ali Hasan Al Mayid, Sultán Hashem Ahmed y Husein Rashid al Tikriti puede materializarse con forma inminente.

En una rueda de prensa realizada en Bagdad, Aref Shahim, presidente del Supremo, explicó que fueron condenados por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Los tres son suníes y, con su fallecimiento, ya serán siete los altos cargos del Gobierno de Hussein, incluidó éste, ejecutados desde el inicio de la ocupación.

Hussein fue ahorcado el 30 de diciembre del pasado año, mientras que su hermanastro, Barzan al Tikriti, y Awad al Bandar, ex responsable del Tribunal Revolucionario, lo fueron en enero de este mismo año, y su vicepresidente Taha Yasín Ramadán en marzo.

Por otra parte, cerca de diez supuestos milicianos murieron y más de medio centenar fueron detenidos en varias operaciones militares estadounidenses e iraquíes en distintas zonas del país. Las redadas se llevaron a cabo en Bagdad, en la provincia de mayoría suní de Salahedín y en Diyala.

421 cadáveres en agosto

Además, en las últimas horas, la Policía iraquí encontró en Bagdad 15 cadáveres con evidentes signos de tortura. Los cuerpos, que no portaban documentos de identificación, fueron trasladados al principal depósito de cadáveres de la capital.

El domingo, la Policía informó del hallazgo de una cifra similar de cuerpos acribillados. Según cifras del Ministeri de Interior, tan sólo en el mes de agosto en Bagdad, aparecieron 421 cadáveres. La mayoría pertenecían a personas secuestradas. En este contexto, el Parlamento iraquí reanudó sus sesiones tras un mes de descanso sin anunciar cuál será su agenda.