El Departamento de Interior del Gobierno de Lakua quiere impedir la movilización en favor de los derechos de los represaliados que se celebra cada año en Donostia coincidiendo con la celebración de la Bandera de la Concha. El departamento de Javier Balza hace pública una decisión que se produce en el contexto de la polémica desatada durante la pasada Aste Nagusia por el alcalde Odón Elorza que, en tono airado, pidió acciones efectivas al lehendakari Juan José Ibarretxe y a la Ertzaintza para poner fin a los actos de kale borroka. Asoma, por tanto, el impulso político.

Interior desgrana argumentos de corte administrativo y otros de orden público para tratar de justificar la limitación del derecho de reunión, consagrado como un derecho básico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido, lo primero a constatar es que en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a reunirse sin requerir para ello de autorización previa. En el caso de reuniones en la vía pública, las administraciones han impuesto en los últimos años reglamentos cada vez más restrictivos, lo que, dicho sea de paso, no debería llevarles a perder de vista que el derecho es el bien fundamental y no la práctica burocrática.

Según la ley española, la prohibición debe ser la última posibilidad, estar avalada por motivaciones jurídicas suficientes y ser acorde al principio de proporcionalidad. A falta de causas jurídicas mayores, cabe deducir que son otros intereses los que llevan a Lakua a tratar de impedir una manifestación que, por mucho que Balza opine que «no está justificada», se repite desde hace treinta años porque sigue existiendo un conflicto que lleva a vascos y vascas a las cárceles. El consejero debería explicar qué motivos justifican su «urgencia» en decantarse por la vía más lesiva para las libertades cuando es posible encontrar cauces para el desarrollo de un acto político que, ni antes ni ahora, imposibilita disfrutar del día grande de regatas. Prueba de ello, en anteriores ediciones han sido los propios remeros los que han hecho suya la bandera de la solidaridad con los represaliados y sus familias.