El ministro español de Industria, Joan Clos, expresó ayer «preocupación y malestar» por la decisión de la compañía estatal argelina Sonatrach de rescindir su contrato con Repsol YPF y Gas Natural, que las empresas españolas se adjudicaron por concurso en 2004.

«Haremos todo lo que nos permita la ley para defender los intereses nacionales», dijo Clos al referirse al arbitraje internacional, establecido en el contrato, ante el que Repsol YPF y Gas Natural harán valer sus derechos en el mayor proyecto energético del país, que fuentes argelinas situaron en unos 2.570 millones de euros. Argelia, que ha demostado que no necesita apoyo de empresas extranjeras para desarrollar nuevos proyectos energéticos, ha argumentado retrasos en los plazos de ejecución.

Arbitraje o negociación

«El Gobierno sigue atentamente el conflicto, desea que se encauce por la vía del diálogo y ayudará en la medida de lo posible a que se resuelva favorablemente», dijo Clos. «Si el arbitraje no arroja una solución favorable a las partes afectadas, las ayudará en la medida que legalmente permita el contrato», añadió.

Repsol YPF y Gas Natural podrían intentar llegar a un acuerdo con Sonatrach en vez de esperar a que se resuelva el procedimiento arbitral, que puede prolongarse un año y medio.

Clos no quiso aventurar que el conflicto puntual surgido por la decisión de Sonatrach sea un eslabón de una política general a modo de otros países (como Rusia) de dejar la explotación de sus recursos a las empresas estatales.

El proyecto para explorar, producir y comercializar gas natural licuado que se adjudicaron Repsol y Gas Natural para la zona de Gassi Touil, al este de Argelia, y de una duración de 30 años, fue el primero adjudicado a un consorcio de compañías extranjeras. Argelia suministra el 30% del gas que se consume en el Estado español.