Las FARC piden a los gobiernos que le reconozcan el estatus de beligerancia
En una carta dirigida a los gobernantes de todo el mundo, el dirigente de las FARC Raúl Reyes les instó a que «ayuden a la construcción de la paz con justicia social para Colombia mediante el reconocimiento del estatus de beligerancia» y que dejen de llamar «terrorista» a las FARC.
GARA |
Las FARC emplazaron ayer a los gobiernos de todo el mundo a que le reconozcan el estatus de beligerancia y a que dejen de considerarla «terrorista». Reiteraron también su disposición a dialogar. «Creemos, como revolucionarios que somos, en la posibilidad de encontrar una salida política a esta guerra, que desangra a Colombia», incidió el dirigente guerrillero Raúl Reyes.
En una carta dirigida a presidentes, primeros ministros y jefes de Estado, incidió en que por parte de las FARC, «téngalo por seguro, hay la más absoluta disposición para el diálogo y el entendimiento». Para ello, pidió a los gobernantes mundiales que ayuden a «la construcción de la paz con justicia social para Colombia mediante el reconocimiento del estatus de beligerancia que nuestra organización guerrillera ha ido conquistando a través de estos más de cuarenta años de resistencia y lucha por los derechos del pueblo».
Sobre la inclusión de la guerrilla en las listas de «organizaciones terroristas» de EEUU y la UE, Reyes opinó que «tarde o temprano, las cosas volverán a ser llamdas por su nombre y el denigrante y absurdo adjetivo de `terroristas' que hoy nos endilgan la Casa Blanca y el Gobierno de Alvaro Uribe será revertido con toda justicia».
Recordó que el estatus de beligerancia les fue reconocido durante las fallidas negociaciones con el anterior presidente colombiano Andrés Pastrana. Dejó claro que sólo con la participación de todos los colombianos «podremos transformar a nuestra patria doliente en una donde florezcan la convivencia pacífica y la libertad». A este respecto, subrayó que «no hay democracia donde hay miseria, ni hay paz donde hay opresión».
Reyes acusó a Uribe de «legalizar a los paramilitares» desmovilizados a los que calificó de «despiadados asesinos de miles de colombianos».
«Hoy más que nunca, es necesario que los gobiernos del mundo, bajo los principios del respeto a la autodeterminación y la soberanía nacional, tomen cartas en el asunto», concluyó.
Córdoba, en busca de apoyos
Por otra parte, la senadora Piedad Córdoba, nombrada por el Gobierno gestora para un acuerdo con las FARC que permita la liberación de los secuestrados, anunció ayer que tiene previsto viajar a Ecuador y Perú.
«Estamos tratando de que el presidente de Perú (Alán García) también apoye el acuerdo humanitario, igualmente en Ecuador y toda la región latinoamericana, no para presionar a las FARC, en esto quiero ser muy clara, sino para lograr que Latinomérica y Colombia entiendan la necesidad del acuerdo humanitario», destacó. Con ese objetivo, Córdoba, opositora a Uribe, viajó a Venezuela para entrevistarse con Hugo Chávez.
La guerrilla informó que cuatro de sus miembros murieron en el reciente ataque que mató a once militares de un batallón de alta montaña. En la acción, según señaló, también se apoderaron de abundante armamento.
El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), con sede en Medellín, ha denuncido los intentos de la Alcaldía de esta localidad por «acallar la voz incómoda de las víctimas». Para esta semana y como cada año, había organizado una jornada en favor de los derechos humanos y contra la impunidad bajo el lema «Que se escuche la voz de las víctimas», con el fin de «sensibilizar a la opinión pública para que conozca la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad en Antioquía y los nefastos efectos de la estrategia paramilitar». Entre los eventos programados figuraba una «galería de la memoria». «Pese al miedo por las constantes amenazas, las víctimas se motivaron para que sus historias fueran conocidas», subrayó este colectivo. Pero, «en un acto de total intolerancia, insensibilidad y arbitrariedad», el secretario de gobierno municipal, Gustavo Villegas, ordenó quitarla alegando que «obstaculizaba el libre tránsito». CODEHSEL remarcó que lo ocurrido se suma a otra serie de acciones que buscan «deslegitimar y descalificar» las denuncias de las víctimas y organismos de derechos humanos contra los paramilitares que operan en Medellín.
Tras reunirse con la senadora Piedad Córdoba, la directora de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, Marcia Campos de Pereira, apoyó la necesidad del acuerdo humanitario.
