La abogada de Bilbo acusada de haber estafado a más de un centenar de inmigrantes, a quienes supuestamente prometía legalizar su situación a cambio de unos 600 euros, aseguró ayer en el juicio que advertía a sus clientes de que sus gestiones podían fracasar. La letrada contestó a las preguntas de la defensa, pero no a las de la acusación ejercida por SOS-Racismo.

Este organismo acusa a la letrada P.J.G. de mostrar a los extranjeros que acudían a su despacho recortes de periódico en los que se exponía que en Bizkaia era más fácil obtener los papeles que en otros territorios y a algunos inmigrantes residentes en Nafarroa Garaia llegó a explicarles que había un decreto que declaraba al Ejecutivo de Lakua competente en esta materia.

A partir de hoy declararán más de 50 testigos.