La Policía francesa desarrolló ayer una nueva operación, centrada en Nafarroa Beherea y Lapurdi, que engarza en la repetida lógica del Gobierno de París de enviar a policías en vez de responder con medidas políticas a la demanda mayoritaria en favor del reconocimiento de Euskal Herria. En lo que va de año se han producido 135 detenciones en este país, de ellas más de 40 por la Policía francesa que, a tenor de algunos testimonios, actuó ayer de forma especialmente violenta en algunos de los trece nuevos arrestos practicados en Nafarroa Beherea y Lapurdi. La mayoría de esas detenciones estarían relacionadas, siempre según fuentes policiales, con el dossier judicial abierto tras el ataque al hotel de lujo erigido por el cocinero Alain Ducasse en Bidarrai. Sin embargo, la amalgama de detenidos y registros parece indicar que se trata de una operación policial destinada a castigar al movimiento independentista en su conjunto.

Desde que se produjera el sabotaje contra el restaurante de Ducasse, que ya dio lugar a anteriores detenciones, se ha registrado una treintena de ataques en los tres territorios del norte de Euskal Herria dirigidos a causar daños en agencias inmobiliarias, promociones de viviendas y residencias secundarias. En un acto realizado en Atharratze en agosto pasado, electos de partidos franceses expresaban su preocupación por unos ataques que ligaban de motu proprio con el problema de la vivienda. Ni siquiera para esos electos y consejeros pasa desapercibido el hecho de que mientras los sectores productivos pierden peso en Zuberoa, Nafarroa Beherea y Lapurdi, la entrada masiva de capital en el sector turístico-inmobiliario es responsable de un desequilibrio creciente entre la demanda de vivienda y una oferta dirigida a atraer compradores de segundas residencias. Esta operación viene a demostrar la hiperactividad policial con la que París trata de negar el derecho a existir de Euskal Herria. Lo que no obvia para firmar que esa política tiene una valiosa aliada en la demostrada incapacidad de los poderes públicos locales para impulsar una política del territorio que responda a las necesidades del país y de sus habitantes.