Representantes de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia comparecieron ayer en Bilbo para valorar la propuesta de reforma del régimen laboral y de Seguridad Social del empleo doméstico en la que trabaja el Gobierno español con las centrales sindicales españolas. De hecho, precisaron que conocen el contenido de la propuesta a través de las informaciones aparecidas en prensa, porque no han conseguido que los sindicatos a los que se han dirigido, CCOO y UGT, les remitan el texto.

En esas condiciones, la asamblea de trabajadoras avanzó que la idea de iniciar una reforma del sector es en sí misma positiva, por lo que pueda suponer de mejoras en las condiciones laborales de un colectivo, cuya situación compararon con la «semiesclavitud», aunque criticó que las medidas que esboza son insuficientes para equiparar sus derechos a materia laboral a la de otros sectores.

Así, entre los puntos positivos que introduce la reforma, destacaron el reconocimiento de los accidentes laborales y subrayaron que éste es el único sector que actualmente está desprotegido en ese apartado. Criticaron, sin embargo, que no se hable de suprimir el llamado «tiempo de presencia», que denunciaron como una vía legal para prolongar las ya extensas jornadas del sector. A este respecto, indicaron que «el 79% de las internas están trabajando una jornada superior a las 60 horas, y están dentro de la legalidad, porque parte se computa como tiempo de presencia».

La asociación considera igualmente insuficiente que el abono por baja de enfermedad común pase de efectuarse a partir del día número 29 de baja al 15º día, cuando todos los sectores, incluidos los autóctonos, cobran la misma desde el cuarto día, o incluso desde el primero, señalaron.

Otra crítica importante de las representantes del colectivo tiene que ver con que «no se cotizará a la Seguridad Social con menos de 20 horas semanales» ni tampoco habrá que dar de alta si la trabajadora está en más de un domicilio, aunque se trabajen más de 20 horas para alguno o algunos de los empleadores.

El colectivo valoró que en la medida que no se articule un sistema público, las medidas que anuncian los Ejecutivos de Madrid y Gasteiz para la atención a menores y personas dependientes, se aplicarán a costa de las condiciones de las trabajadoras del hogar, porque «¿quién controla cuántas horas se van a trabajar, qué se va a ganar y en qué condiciones?», reflexionaron.