Un porcentaje mínimo de las personas inmigrantes residentes en los países miembros de la Unión Europea pueden acceder a la atención sanitaria. Y ello a pesar de que, dentro de la gran diversidad que se da en la manera que los distintos estados abordan la atención sanitaria de las personas inmigrantes, hay lugares en los que la teoría reza que la asistencia sanitaria es universal. Pero en este tema, como en muchos otros aspectos que afectan a la vida de la creciente población inmigrante en la Unión Europea, lo que dicen las leyes está muy lejos de ser lo que se pone en práctica. La salud está recogida como un derecho básico de la persona en diferentes tratados internacionales y legislaciones estatales, por lo que debiera ser una obligación ineludible de todas las administraciones públicas garantizar la asistencia sanitaria básica a todas las personas, sea cual sea su situación, su condición... o lo que digan sus papeles. Pero además de que les acoja el derecho, las personas inmigrantes necesitan un esfuerzo especial por proteger su salud. Su propia situación de desplazamiento, la miseria a la que en muchas ocasiones se ven abocadas... les hace especialmente vulnerables. Y sólo podrá darse vuelta a esta situación cuando las administraciones públicas europeas empiecen a dar al cumplimiento de esta responsabilidad el carácter de prioridad que merece.