Las juezas Laurence Le Vert y Marie-Antoinette Houyvet imputaron ayer a Xabier Susperregi, Pantxoa Flores, Mixel Barnetxe, Cedric Garai y Joan Bidart, cinco de los detenidos en el vasto operativo desarrollado por la Gendarmería el pasado lunes, 24 de setiembre, en Lapurdi y Nafarroa Beherea, los delitos de «asociación de malhechores» y «participación o complicidad» en la acción que tuvo lugar en Bidarrai el año pasado contra el restaurante del cocinero Alain Ducasse.

La declaración de los cinco ciudadanos vascos se prolongó hasta las tres de la madrugada y, a su finalización, las «juezas antiterroristas» decretaron el ingreso de Flores y Bidart en la prisión de La Santé, mientras que Susperregi, Barnetxe y Garai fueron conducidos a la cárcel de Fleury. Sin embargo, hasta mañana no se conocerá la decisión judicial definitiva, ya que los cinco procesados deberán declarar ese día ante un magistrado de las Libertades y la Detención, que se deberá pronunciar acerca de su ingreso en prisión o de su puesta en libertad.

Más de 200 agentes participaron en el operativo desarrollado en Lapurdi y Nafarroa Beherea, que supuso, además de la detención de estos cinco ciudadanos y el minucioso registro del bar-restaurante Kalaka, en Donibane Garazi, el arresto de Ageda Goikoetxea, Aitziber Otegi, Michel Queihellalt, Oskar Bizkai, Maider Agerre, Ihintza Oxandabartz, Yves Salaberri, Karine Leboucher, Urtzi García Montero y Gorka Betolaza. Los ocho primeros recuperaron la libertad sin cargos en los siguientes días.

«No había causa contra Urtzi»

En cuanto a Urtzi García y Gorka Betolaza, ambos fueron conducidos ayer desde la prisión de Seysses ante el Tribunal de Apelación de Pau, para ser informados de las euroórdenes que pesan en su contra.

En el caso de García Montero, tal y como informó ayer Askatasuna, su defensa presentó el documento por el que la Audiencia Nacional española deja a este joven fuera del sumario por el que se le relacionaba con la última operación policial contra ETA en Donostia. Sin embargo, la euroorden se sustenta en la declaración policial que le implica y con la que intentaron su detención, «ocultando», según Askatasuna, «que Urtzi quiso presentarse voluntariamente en la Audiencia Nacional, desde donde le dijeron que no era necesario ya que no había causa alguna contra él». La defensa pidió su libertad y el rechazo de esta euroorden.

En el caso de Gorka Betolaza, la vista se pospuso al 12 de octubre, ya que el fiscal solicitó ampliar la información en relación con la euroorden.