No fue una jornada especial la que se vivió ayer en Euskal Herria: policías franceses y españoles, a las órdenes de jueces franceses y españoles, detuvieron a tres ciudadanos vascos: Oihana Agirre, Joseba Alvarez y Asier Tapia. A los tres se les imputan delitos relacionados con «actividades terroristas». Los hechos por los que se les persiguen son: participar en ruedas de prensa o convocar manifestaciones. Además, se les pretende hacer responsables de los acontecimientos que ocurrieron en esas movilizaciones porque, previamente, un tribunal especial español o -como ocurrió con la manifestación del pasado 9 de setiembre en Donostia- el Gobierno de Juan José Ibarretxe motu propio habían dictaminado que la ciudadanía vasca sólo puede ejercer el derecho a la libertad de expresión cuando y donde al «Estado de Derecho» se le antoja.

Euskal Herria es escenario, un día sí y otro también, del estado de excepción con el que las autoridades españolas y francesas pretenden quebrar la firme voluntad, respaldada por gran parte de sus ciudadanas y ciudadanos, de ejercer su capacidad de decisión como una nación más dentro de la rica pluralidad de naciones que conviven en Europa. La estrategia represiva que ambos estados vienen desarrollando con el objetivo de enterrar el derecho de autodeterminación del pueblo vasco ya ha fracasado, porque la ciudadanía de Euskal Herria y, concretamente, la izquierda abertzale ya han demostrado sobradamente que esos golpes no van a desviar la nave que se dirige hacia un horizonte de democracia y paz que este país ve cada día más cerca.

Horas después de que expertos internacionales en resolución de conflictos se reunieran con representantes de la izquierda abertzale, entre ellos miembros de su Comisión Negociadora, Madrid vuelve a mostrar su déficit democrático deteniendo a un mahakide de Batasuna y a una portavoz de Askatasuna. Una muestra más de que la credibilidad del Gobierno del PSOE a la hora de afrontar la solución del conflicto aún está bajo mínimos.