La Junta Directiva de ACAI ha dado a conocer que ha acordado «iniciar las acciones necesarias para abrir una clínica en Nafarroa, dirigida a facilitar el recurso al aborto a las mujeres de esta comunidad». La iniciativa parece tener opciones de prosperar, aunque otras que lo intentaron antes -como una cadena holandesa- terminaron tirando la toalla. De momento se hallan en una fase informativa y de búsqueda de apoyo en territorio navarro, según ha explicado a GARA su presidenta, Eva Rodríguez. Un apoyo que de momento no se ha materializado «por las dificultades derivadas de las distancias geográficas», aclara. Tampoco se han puesto en contacto con profesionales de Nafarroa, según confirman éstos, lo que hace vaticinar que dispondrían del personal que actualmente pertenece a esta red de clínicas extendidas por todo el Estado.

Rodríguez recuerda que la situación de Nafarroa ha alcanzado realce en medios de difusión estatales en los últimos meses. De modo que, como asociación que se fija como objetivo «fomentar la salud reproductiva», sus responsables decidieron «aunar esfuerzos para que ninguna mujer tenga que desplazarse fuera de su comunidad si desea interrumpir su embarazo». En sus palabras, el paso adelante de ACAI debe interpretarse como «gesto de solidaridad».

La presidenta de la asociación resalta que «resulta intolerable que una mujer que se ve abocada a interrumpir su embarazo tenga además que pasar por un periplo médico y vital intolerable, ya que la Administración respectiva, en este caso la navarra, no ha incluido el aborto entre sus prestaciones y por tanto no existen medios, ni públicos, ni privados ni concertados, para que este recurso se posibilite en el territorio de la propia comunidad». Ante ello, la iniciativa de ACAI vendría a posibilitar que «las mujeres navarras puedan ejercer libremente el derecho a interrumpir su embarazo dentro de los supuestos que reconoce la ley, y dentro de su territorio».

«Sistema de concertación público»

La asociación señala que «el recurso del aborto debería ser facilitado por la Administración pública», pero que su experiencia «de más de 20 años» le lleva a advertir de las deficiencias existentes en la misma. Las atribuyen, sobre todo, a la falta de formación y experiencia del personal sanitario, dado que en esos centros no se practican abortos: «Las mujeres tienen asumido que les será denegada la IVE y no acuden», recuerda. Otra de las razones es «la falta de regulación de objetores de conciencia y un análisis restrictivo de la ley», debido a que «la ley despenalizadora del aborto en tres supuestos es ambigua y permite diversas interpretaciones», por lo que el ámbito público opta por limitarse a la salud física. Por ello, muchos centros de ACAI trabajan mediante el sistema de concertación público. Rodríguez explica que en Andalucía la mayoría son centros privados que funcionan con conciertos. Valencia es de los únicos lugares donde la Administración se hace cargo, pero las restricciones son cada vez mayores.

«Este sistema funciona de maravilla; los centros están preparados para ofrecer un servicio de calidad y las pacientes no asumen los gastos ya que la Administración se hace cargo», afirma Rodríguez, que ejerce como médico en el Hospital del Sur, en Sevilla. Éste es el sistema que promueven, y esperan que la Consejería de Sanidad de Nafarroa lo acepte.

Pero nadie duda de que el Ejecutivo de UPN-CDN no está por la labor, después de haber logrado convertir a Nafarroa en un territorio insumiso en esta materia en las últimas dos décadas (según los datos existentes, sólo el 10% de los abortos reciben financiación, y absolutamente todos se practican fuera del herrialde). La consejera, María Kutz, ha afirmado que «no me opondré a la instalación de un centro siempre que cumpla todos los requisitos», y Rodríguez estima que «la falta de voluntad política puede obstaculizar esta iniciativa, pero no puede denegarla». ACAI solicita que el Gobierno se plantee la implantación de esa prestación «por la vía pública, privada o concertada». Y Rodríguez destaca que «tenemos experiencia en abrir centros y hemos adoptado la determinación de cumplir este objetivo. Por ello, intentaremos hacer frente a los abusos que se pudieran dar».