La nueva reforma de la Seguridad Social ha pasado el trámite en el Senado español y se encuentra ya a la espera de que vuelva al Congreso para su aprobación definitiva. La legislación avanza en el recorte de derechos para los nuevos jubilados y pensionistas, a la vez que alarga el plazo mínimo para tener acceso a una pensión, ya que de 4.700 días cotizados en la actualidad, en un futuro se precisarán, al menos, 5.475 días.

Uno de los colectivos afectados por la nueva legislación es el de los prejubilados forzosos, es decir, aquellos que fueron «expulsados a la fuerza del mercado de trabajo» después de haber cotizado más de 35 años a la Seguridad Social. En el conjunto de Hego Euskal Herria se encuentran afectados en torno a unos 20.000 ex trabajadores, y se eleva a 500.000 prejubilados en el Estado español.

La Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas (Fevaas) y la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp) reconocen en un comunicado que su reivindicación no ha sido atendida por el Gobierno español y se sienten discriminados, dado que «al cumplir los 65 años no se nos concedió la pensión en los mismos términos que al resto de trabajadores, sino que nos aplicaron coeficientes reductores porque fuimos prejubilados a la fuerza. Lo justo hubiera sido que si hemos cotizado los 35 años obligatorios recibiéramos el 100% de la pensión, pero no fue así».

El Gobierno español, que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero, apostó por una salida general que deja descontentos a todos, ya que «nos discrimina a aquellos prejubilados de antes del 1 de enero de 2002». La fórmula del Gobierno español supone que «aquellos que habiendo cotizado al menos 35 años y nos prejubilaron con 60 años, cobraremos 63 euros más al mes en catorce pagas. Los prejubilados a los 61 años percibirán 54 euros más. Los de 62 años, otros 45 euros. Quienes fueron obligados a abandonar el puesto de trabajo a los 63 años percibirán 36 euros y 18 euros más cobrarán quienes fueron expulsados del mercado de trabajo a los 64 años para llevar adelante la reconversión industrial». Esta decisión tendrá un efecto retroactivo desde enero de este año.

Amenaza y chantaje

La asociación, presidida por Iñaki Vicente, reconoce que «supone una mejora de nuestras pensiones», aunque «llega bastante tarde», y «no cumple» con la reivindicación de estos prejubilados forzosos, porque «insistimos en que las mejoras deberían de llevarse a la práctica en base a una equiparación técnica, es decir, que se estableciese una proporcionalidad entre las cantidades cotizadas y las que se tendrían que percibir, en lugar de ese criterio impuesto por quienes nos manejan y que ha prevalecido, que no es otra cosa que una cantidad a tanto alzado». Fevaas y Cepyp aseguran que «hemos tenido que acatar esas decisiones y aceptar esas cantidades, manifiestamente insuficientes, puesto que ante nuestras recomendaciones y sugerencias justas, se nos insinuó la posibilidad de paralizar el proceso».

A pesar de esa «amenaza», los prejubilados y pensionistas aseguran que insistirán en su reivindicación justa de que «al llegar a los 65 años, tras haber cotizado como mínimo 35 años, cobremos el ciento por ciento de la pensión».

Otro tema que queda en el aire, según Fevaas, es el aumento de las pensiones de las viudas hasta el 70% de la base reguladora. En la actualidad perciben un 52%, «que fue una mejora, pero se ha quedado corta. Nuestra pretensión es alcanzar el 70%, puesto que las pensiones de las viudas son muy bajas». En principio, esta medida fue en el programa electoral del PSOE, aunque el resto de grupos políticos del Senado español considera que «es improbable que se cumpla». Los prejubilados y pensionistas vascos critican la utilización «partidista» de nuestra demanda, porque «quienes gobernaron antes que el PSOE, no nos hicieron caso».