El Consejo de la CNC considera acreditada la existencia de un acuerdo global de colaboración entre BBK, Kutxa, Vital Kutxa y CAN, que incluía un pacto de no competencia y de coordinación de comportamientos competitivos frente a terceros. La comisión considera que, por sus características, el acuerdo entre competidores sancionado constituye un cártel, la infracción más grave prevista en las normas de defensa de la competencia y les sanciona con 24 millones de euros.

El expediente se inició el 24 de octubre de 2005 cuando el Servicio de Defensa de la Competencia abrió un expediente sancionador contra Kutxa, BBK y Vital Kutxa por presuntas prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. En diciembre de 2005, el expediente se amplió a la CAN.

La CNC considera que el conjunto de hechos acreditados en el expediente demuestra «fehacientemente» la existencia del cártel sancionado al recoger fielmente las actas de la Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras los términos del acuerdo colusorio. Dichas actas documentan el compromiso entre las cuatro cajas imputadas de respetar el denominado «statu quo territorial», por el que durante quince años ninguna de las cajas sancionada ha abierto sucursales en los territorios de sus rivales.

La resolución considera que esta conducta constituye una limitación de la distribución de productos y servicios, que se encuentra tipificada como infracción en la Ley de Defensa de la Competencia. Señala, además, que el acuerdo incluyó la fijación de precios y otras condiciones comerciales, el intercambio de información sobre costes operativos, y la coordinación de comportamientos con el objetivo de mantener estables las respectivas cuotas de mercado y de crear barreras de entrada.

Por esta infracción la comisión sanciona a las mencionadas cajas con multas por un importe total de 24 millones de euros, distribuidos en distinta proporción entre las cuatro imputadas. Así, a BBK y a Kutxa se les imponen multas de siete millones de euros, mientras que la sanción a Vital Kutxa es de cuatro millones de euros y a la CAN de seis millones.

La resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional española.