Los opositores al Tren de Alta Velocidad (TAV) han iniciado una nueva campaña con el fin de denunciar la colaboración de EuskoTren y Renfe en esta « imposición antisocial, antiecológica y derrochadora de recursos como es el TAV». Para ello, durante la mañana de ayer decenas de personas, desde Durango y Deba hasta Eibar o desde Irun y Zumarraga hasta Tolosa, se montaron en los medios de transporte de esas compañías ferroviarias y difundieron una declaración de objeción de conciencia contra las mismas.

Toda persona que suscribió esta declaración, negándose así al pago del billete y considerándose objetora de conciencia, denunció que tanto EuskoTren como Renfe son utilizadas por los gobiernos de Lakua y de Madrid, respectivamente, para impulsar esta infraestructura.

La declaración remarca que Renfe es la principal operadora del Tren de Alta Velocidad, «destinando miles de millones de euros al AVE». En torno a EuskoTren, señala que esta compañía pretende ser empresa operadora del TAV y prevé dentro de su Plan estratégico XXI «derrochar 150 millones de euros» para la citada infraestructura. En esta línea, se afirma también que Euskal Trenbide Sarea, la encargada de las infraestructuras de EuskoTren, «está gestionando la construcción del ramal de Gipuzkoa de la `Y vasca'».

De este modo, todos lo objetores de conciencia consideraron su postura de desobediencia civil como «una actitud solidaria en defensa del planeta». Argumentaron su decisión de no abonar el billete asegurando que no ayudarán con su dinero a financiar este proyecto.

Las obras en Gipuzkoa, en 2008

Pese a las demandas de paralización de las obras del TAV, la consejera de Transportes y Obras Públicas de Lakua, Nuria López de Guereñu, anunció ayer que los primeros kilómetros de la nueva red ferroviaria en Gipuzkoa comenzarán a construirse a principios del próximo año.

Este tramo que discurrirá entre Ordizia e Itsasondo tiene una longitud total de 2.859 metros, de los cuales, según explicó López de Guereñu, el 98% transcurrirá en túnel y el resto a cielo abierto. A juicio de la consejera, la afección medioambiental será «mínima», al tiempo que dijo que «sólo será necesario expropiar dos hectáreas de terreno», que están concentradas en las bocas de los túneles, en los municipios de Ordizia, Itsasondo y Beasain. En esta línea, explicó que una oficina de Lurranek será la encargada de «gestionar el intercambio de tierras cuando se produzcan expropiaciones» en la comarca del Goierri.

En la comparecencia que realizó en Donostia acompañada por la directora de Infraestructuras del Transporte de su departamento, Mirari Arruabarrena, informó de que la adjudica- ción de estas obras se realizará a finales de noviembre o principios de diciembre y explicó que el coste total para acometer este tramo asciende a que serán 60,2 millones de euros.

La consejera indicó que tiene intención de reunirse con los alcaldes de la zona, a quienes advirtió que «sería difícil de entender» que alguno de ellos se niegue a colaborar.

En la comparecencia también señaló que en el próximo año se licitarán los tramos de Beasain este, oeste y el Legorreta-Tolosa.